Dudas insalubres

A casi dos años de la implementación de la reforma de la salud en Uruguay, uno de los buques insignia de la pasada administración, crece el debate sobre los resultados de la misma. Mientras desde el gobierno se elogia el aumento de la cobertura y sus "efectos redistributivos", las cifras en rojo del sistema en general y de una mayoría de entidades mutuales, han llevado a prender la luz de alerta.

Los números no mienten. El Fonasa presentó en 2009 un resultado económico negativo por más de 570 millones de pesos, que debieron ser cubiertos por "rentas generales". En Montevideo, casi todas las mutualistas cerraron el último período con déficits abultados, pérdidas acumuladas que suman ya más de 200 millones de dólares. Y lo más preocupante es que el déficit del último año fue 4 veces más grande que el anterior. Un panorama que, más allá de los fríos números, se constata en la vida cotidiana un escenario de conflicto y enfrentamiento permanente, como quedó en claro con el caso del Hospital Italiano, donde se llegó a vivir episodios de violencia.

Y en el interior la cosa no va mucho mejor. De las 23 mutualistas que componen FEMI, la Federación Médica del Interior, hay al menos 12 que han registrado importantes pérdidas en sus balances. Y las autoridades de FEMI no tienen dudas en cuanto a quién es el responsable de su situación. Con la puesta en marcha del Fonasa, las entidades debieron absorber de golpe a unos 200 mil nuevos afiliados, un número capaz de desbalancear las cuentas de cualquier sistema. Según Edgardo Mier, presidente de FEMI, "desde 2008 a la fecha la gráfica del declive financiero de las instituciones es paulatina pero muy firme".

Lo de las instituciones del interior es importante, porque hasta ahora desde el gobierno se señalaba que la situación de crisis de las instituciones de la capital, con casos emblemáticos como el Casmu, se debía a años de mala gestión, y que nada tenía que ver la reforma. Sin embargo, al ver que organizaciones como las de FEMI que siempre fueron bien administradas, comienzan a mostrar problemas financieros, da para preguntarse quién tiene razón.

Pero el impacto negativo de la reforma, no sólo tiene un costado económico; se señala que la labor de los médicos se ha visto aumentada en forma peligrosa. Según cifras recientemente difundidas, con el nuevo Sistema Nacional de Salud, los médicos pasaron de trabajar 26 horas por semana a 48, y se calcula que un médico general ve a unos 300 pacientes por semana. Este exceso comienza a tener efectos en la calidad de atención, lo cual se refleja por ejemplo, en las pérdidas por litigios que sufren las entidades médicas, que en el último año se vieron triplicadas.

Y si el panorama luce así de preocupante hoy, seguramente se verá agravado en un futuro cercano cuando, según está previsto, ingresen al sistema los cónyuges con hijos a su cargo, (cifra que aún no está cuantificada) y luego jubilados y otros sectores. Esto en cierta forma implicará un aumento de los ingresos por concepto de cuotas, pero obligará a las instituciones a hacer nuevos desembolsos en inversiones y equipamientos, para poder atender a la ola de nuevos usuarios. ¿Estarán en condiciones de hacerlo?

Recientemente el diputado Javier García alertaba sobre esta situación y resaltaba unas declaraciones de Andrés Masoller, jerarca del ministerio de Economía, quien señaló en el Parlamento que el déficit del sistema de salud iba a requerir que la sociedad en su conjunto, a través de los impuestos, tuviera que hacer un nuevo esfuerzo para financiar un sistema que es estructuralmente deficitario. Y eso asumiendo que la actual bonanza económica se mantenga estable durante los próximos años.

Todo este panorama, altamente preocupante, trasluce en el fondo uno de los grandes debates de la política de hoy. Esto es, hasta dónde los gobernantes pueden dejarse llevar por las buenas intenciones, las obsesiones ideológicas y los apetitos electorales, cuando ello significa poner en riesgo la estabilidad de un sistema y la economía de la sociedad en su conjunto.