El Gobierno español insiste en conseguir que la Unión Europea suavice aun más sus exigencias sobre derechos humanos en Cuba. Es cierto, el acuerdo negociado por el gobierno del presidente Raúl Castro con la Iglesia Católica puede ser considerado co-mo un progreso. El primer grupo de liberados ya se encuentra en España. Pero, este no es el primer episodio de esta naturaleza. Ya en 1998, el presidente Castro liberó un centenar de opositores, después de la visita del Papa Juan Pablo II. Parecería que el gobierno cubano utiliza el tratamiento y la libertad de sus presos políticos como un instrumento de negociación.
El acuerdo con la Iglesia Católica coincide con la revisión periódica que hace la Unión Europea de su "Posición común" sobre Cuba. Esta política, aprobada en diciembre de 1996, estipula que el "objetivo de la Unión Europea en sus relaciones con Cuba es favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos". La resolución, primero, define un programa común para conseguir aquel objetivo; y, segundo, obliga a los Estados miembros a seguir esa estrategia multilateral.
España, que ahora ejerce la presidencia de la Unión Europea, se habría fijado el objetivo de obtener un consenso para derogar la Resolución y dejar abierto el camino a las relaciones bilaterales.
Es dudoso que lo consiga. Por varios motivos, incluyendo primero, que varios de los miembros fundadores de la Unión son muy críticos del régimen cubano (incluyendo a Francia y Alemania) y, segundo, que muchos de los nuevos miembros comunitarios son ex "democracias populares", que experimentaron en carne propia, durante décadas, un gobierno de ese tipo.