Enemigos en último duelo

CLAUDIO FANTINI

Camarada Marulanda" y "amigo Tirofijo", dos de las expresiones que utilizó Hugo Chávez en sus mensajes públicos al líder de las FARC, cuando negociaba la liberación de Clara Rojas y Consuelo González. Haber ostentado ante las cámaras una relación o un parentesco ideológico con el jefe de la envilecida guerrilla que guarda presos políticos en su Gúlgag de la selva, confiere credibilidad a la denuncia con que Álvaro Uribe volvió a tensar la relación entre Bogotá y Caracas.

Nadie hizo más que el propio presidente venezolano para ponerse bajo sospecha de colaborar con las FARC. Sus esfuerzos para que sean reconocidas como fuerza beligerante y sacadas de las listas de organizaciones terroristas, abonaron esa sospecha. Hasta rindió un dolido homenaje a Raúl Reyes, quien murió bombardeado en Ecuador. Y hay otros antecedentes, como la captura por agentes colombianos de Rodrigo Granda, en pleno centro de Caracas, en diciembre de 2004.

Es precisamente este miembro del secretario de las FARC, excarcelado a pedido de Nicolás Sarkozy cuando Francia gestionaba infructuosamente la liberación de Ingrid Betancourt, quien según Uribe se encuentra en Venezuela junto a los comandantes Iván Ríos y Timoshenko.

La denuncia no es descabellada, tratándose de un gobierno que llegó a proponer a Marulanda respaldo político y financiero de Caracas, si convertía su guerrilla en un partido de la izquierda regional bolivariana. Pero amén de las derivas chavistas, vale preguntarse por qué Uribe hizo a pocos días de abandonar la presidencia lo que no había hecho antes: mostrar a directivos de la prensa pruebas sobre su denuncia contra el exuberante líder caribeño.

Según el gobierno colombiano, la razón es la gravedad del vínculo descubierto entre Chávez y los guerrilleros que se ocultan en Venezuela. Según el gobierno chavista, la razón es que Juan Manuel Santos trabajó por mejorar la relación con Caracas desde que ganó la elección presidencial y ese acercamiento es lo que Uribe intenta destruir antes de que asuma su sucesor.

Pero hay una tercera posibilidad. Uribe actúa procurando generar un escenario que detenga la última decisión de la máxima instancia judicial de Colombia. El Tribunal Supremo emitió un fallo que pone bajo la lupa a los políticos que se favorecieron de los crímenes cometidos por paramilitares contra la Unión Patriótica (UP), el partido que formaron los guerrilleros que dejaron las armas en los `80. Y en el Departamento de Antioquia, que Uribe gobernó, el paramilitarismo cometió asesinatos que debilitaron a UP en favor del Partido Liberal.

Uribe era, por entonces, el hombre fuerte de los liberales antioqueños, además de ser hijo de uno de los hacendados asesinados por el escuadrón insurgente que lideraba la "comandante Karina". Eso lo coloca bajo la lupa con que el Tribunal Supremo quiere escudriñar a los políticos de aquella década sangrienta.