Los sindicatos se preparan para un mes de agosto de alta conflictividad

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DIEGO FERREIRA

El clima entre los trabajadores y el gobierno se está "picando". El rechazo sindical a las propuestas del Ejecutivo en materia salarial, presupuestal y de reforma del Estado amenaza con hacer de agosto un mes de paros y protestas en las calles.

La discusión por el Presupuesto, el ajuste de salarios y la Reforma del Estado le generó al gobierno un foco de tensión con los sindicatos públicos. Simultáneamente, los gremios del área privada también están disconformes con los lineamientos del Ejecutivo para la definición de los salarios.

Como consecuencia, los trabajadores de ambos sectores preparan sus estrategias para hacer contrapeso en las negociaciones con la administración Mujica e inclinar la balanza a su favor, a través de medidas de fuerza.

Ayer, los funcionarios públicos -reunidos en un plenario- resolvieron solicitar al Pit-Cnt la convocatoria de la Mesa Representativa para la última semana de este mes a efectos de discutir con la rama privada la posibilidad de fijar un paro parcial nacional con movilización para la primera quincena de agosto. Una segunda acción sería la realización de un paro nacional de 24 horas para la segunda mitad de agosto, señala la resolución emanada del plenario de públicos.

Si las mociones no prosperan en la Mesa, los funcionarios estatales ejecutarán una movilización de todo el sector, adelantó el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López.

Para el sindicalista, "la negociación colectiva, más allá de la ley, está cada vez más trancada" por la falta de discusión con los representantes del gobierno sobre temas centrales como la reforma del Estado y el Presupuesto.

López opinó que la ley de negociación colectiva establece que se deben abrir espacios de diálogo. Sin embargo, la norma está siendo "ninguneada", dijo.

Los funcionarios del Estado cuestionan que lejos de abrir el juego a los sindicatos, el gobierno esté priorizando la concreción de acuerdos políticos y la resolución de los temas de forma unilateral.

López recordó que durante la campaña, el entonces candidato José Mujica habló de que la reforma del Estado sería un proceso en el que los trabajadores tendrían voz. Ahora, "estamos viendo que lo de la participación es todo verso", marcó el dirigente de COFE.

Las críticas del presidente hacia el funcionariado estatal han generado fricciones con los sindicatos, los que rechazaron ayer nuevamente este tipo de comentarios por considerar que "violentan" la negociación colectiva del sector.

El primer gran toque de atención al gobierno será mañana. Las dirigencias de los gremios públicos se concentrarán a la hora 10 frente a la Residencia de Suárez donde estará sesionando el Consejo de Ministros definiendo las reformas en la gestión pública, en señal de protesta por el "desconocimiento" de la ley de negociación colectiva.

Los trabajadores también exigirán una respuesta del Ejecutivo respecto a su plataforma para el Presupuesto y los ajustes salariales. El documento presenta como metas principales un salario mínimo de $ 14.400, la regularización de unos 15.000 trabajadores bajo contratos precarios en el Estado y la discusión de la reforma en los ámbitos previstos por la ley.

Los trabajadores dicen que los conflictos se pueden evitar si se les da participación. De lo contrario "vamos a la guerra y la correlación de fuerzas será la que decida", alertó López. Para los públicos, la negociación con el Poder Ejecutivo no es tal, lo que disparará movilizaciones si no hay cambios. "Así esto no camina", insistió López.

privados. Los sindicatos privados también serán parte del "agite" de agosto.

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt solicitó ayer una entrevista al ministro de Economía Fernando Lorenzo, con el objetivo de que "el gobierno cambie algunos aspectos de esta negociación (salarial). De lo contrario vamos a un choque de trenes", advirtió el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez.

La central sindical quiere agotar las instancias de negociación antes de activar nuevas movilizaciones. La puja por los Consejos de Salarios de la rama privada ya desencadenaron un primer paro general parcial, el pasado 9 de junio.

Bermúdez no descartó que la medida pueda repetirse. Al menos, su sindicato evaluará la posibilidad de aplicar un paro de 24 horas en agosto. Precisamente, la FUS -el primer sindicato privado en iniciar la negociación salarial-, se movilizó ayer hasta el Ministerio de Economía para marcar su descontento con los lineamientos.

El sindicato de funcionarios no médicos pretende suscribir convenios salariales de 12 meses de duración, con ajustes semestrales a un ritmo de 4% de crecimiento del salario real. Esta plataforma dista de la propuesta de Economía: un convenio a tres años con un primer ajuste a julio de 2010 que sería del 2,5%. Los aumentos sucesivos resultarán de la combinación de indicadores macro (PIB) y sectoriales (el promedio de crecimiento de afiliados a las mutualistas y el valor de las cuotas en las instituciones).

Para Bermúdez se está tomando el salario como "variable de ajuste", lo que escapa a la "concepción progresista" y a la continuidad económica que promocionó el nuevo gobierno.

"Esta es la peor negociación salarial desde la reinstalación de los Consejos de Salarios", bajo el gobierno de Tabaré Vázquez en 2005, dijo Bermúdez. Así las cosas, la perspectiva es de "confrontación", auguró.

Las gremiales empresariales ven con preocupación el escenario previo al inicio de la ronda salarial. Los empleadores creen que sus conjeturas acerca de una alta conflictividad laboral en los próximos meses, se encaminan a confirmarse.

"Como ellos no están de acuerdo con los lineamientos, siguen anunciando paros generales y parciales, lo cual, a nuestro juicio, es muy preocupante porque enrarece lo que debiera ser un clima apropiado para iniciar una ronda salarial", opinó el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos. El representante empresarial consideró que una cuota de la responsabilidad por los eventuales conflictos también recaería sobre el Poder Ejecutivo "en la medida que tiene una cantidad de herramientas que no ha utilizado hasta ahora" para evitar situaciones de tensión.

Mailhos dijo que los empresarios se manejarán con "prudencia" en la negociación. Las gremiales discrepan con algunos aspectos de los criterios salariales como la preponderancia del crecimiento del PIB para la definición de los aumentos.

El asesor aseguró que lo más apropiado sería que la convocatoria se efectúe la próxima semana y limitándola a los 89 subgrupos cuyos convenios expiraron el 30 de junio.

El Ministerio de Trabajo remitirá este viernes al Ejecutivo las listas con los delegados empresariales y sindicales para la instalación de los grupos "madre" la próxima semana.