La cadena invisible

La onda de criminalidad envuelve al país como si fuera una cadena, que tiene su oscura raíz en la actividad de los narcotraficantes. Ellos introducen en el Uruguay la sustancia que los ha hecho ricos, bien organizados, ubicuos y casi indestructibles. El eslabón siguiente es la distribución del producto, que se ramifica luego como una planta envenenada hacia las bocas de venta de la droga al consumidor final, una masa cada día mayor de clientela juvenil cuya conducta resulta desquiciada por la adicción, trastornando por completo su entorno. Pero ese descalabro no es el final de la cadena, sino apenas su tramo más desastroso, ya que no sólo arruina todo vínculo del consumidor con la sociedad, sino que le impone una insaciable urgencia de dinero. Y como una gran porción de esa clientela se ubica en franjas de población con escasos recursos, la manera de satisfacer su apremio económico es la violencia. El método comienza con el robo de objetos familiares, pero fuera del marco doméstico deriva rápidamente a la apropiación de bienes ajenos mediante el hurto, la rapiña a mano armada, el asalto a comercios, el copamiento de viviendas o el secuestro de personas.

Esos episodios ya figuran como experiencias cotidianas para un país que cada día los sufre con mayor sobresalto y más frecuencia, dentro de un cuadro que continuará agravándose. Y en dicho impacto entre los agresores y el conjunto de sus víctimas está el cabo de aquella cadena, que actualmente parece enlazar no sólo a la población como destinataria de su embestida, sino que además se anuda en el cuello de las autoridades, estrangulando su capacidad de respuesta ante esa provocación. Un Código Penal cuyo alcance punitivo ha sido superado por la realidad, una policía cuya disponibilidad de efectivos y posibilidad de despliegue están desbordadas por semejante desafío, y una población cada vez más alarmada ante el asedio de la violencia criminal -donde abunda la actuación incontrolable de menores de edad- son las piezas de un dramático tablero en espera de los jugadores capaces de dominarlo.

Hace pocos días hubo un reguero de asaltos a locales de la Unión, que culminaron con el asesinato de un comerciante. Hubo asimismo cuatro secuestros de víctimas sorprendidas en sus automóviles en Villa Biarritz, Punta Gorda, Pocitos y Punta Carretas. Hubo también una invasión colectiva de viviendas que habían quedado sin custodia policial en bloques de la Unidad Casavalle. Las fuerzas del orden combaten como pueden esas acometidas, aunque lo hacen en visible desventaja y cuando algunas consecuencias irreparables ya se han producido. Los menores que delinquen siguen multiplicándose y la población marginal sigue reproduciéndose -más prolífica que ningún otro sector de la comunidad- mientras el clima de miedo sigue creciendo en una ciudadanía que se rodea de rejas y modifica sus hábitos de vida, a falta de un mayor amparo y frente a la gradual evaporación de sus garantías de seguridad.

Habría que hacer una trasposición de conciencias para adivinar lo que verdaderamente piensan las autoridades ante la emergencia que encadena a este país. Lo que por el momento puede palparse es que la gente sigue a la espera de que se proponga algo capaz de romper esa cadena y liberar a una población que es rehén de ese estado de cosas. Pero las soluciones mágicas no existen cuando se enfrenta un problema de endiablada complejidad social, cultural, económica, política y moral. Mientras tanto, una ciudadanía que cumple con sus obligaciones está empezando a perder de vista sus derechos, es decir el derecho a la tranquilidad en el trabajo y en el ámbito familiar, el derecho a la seguridad que está faltando dentro y fuera de la casa, el derecho al desplazamiento sin temor cuando se sale a la calle o se circula por ella, el derecho a recorrer zonas de la capital que ya son tierra de nadie y eventuales campos de batalla. Y finalmente -pero ante todo- el derecho a la vida, que aparece seriamente amenazado por la situación. Nada menos.