Informe observa al PTI del Cerro y destaca avances en regularización

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ANDRÉS LÓPEZ REILLY

El Parque Tecnológico e Industrial del Cerro es hoy por hoy una importante fuente de trabajo para centenares de personas. Mucho se avanzó en su regularización, pero aún quedan cosas por hacer, según un informe de la Junta Departamental.

La Comisión Administradora del Parque Tecnológico e Industrial (PTI) debería velar más por el cumplimento de las normas nacionales y departamentales, y el cuartelillo de bomberos que se encuentra en el predio es "totalmente insuficiente" -tomando en cuenta los dos incendios de 2007 y 2008-, según las conclusiones a las que arriba el informe final de la comisión investigadora que funcionó durante cuatro años en la Junta Departamental.

Si bien la situación de muchas de las empresas se ha corregido con el paso del tiempo, existen otras que aún carecen de habilitaciones de Bomberos, añade el documento.

La comisión investigadora se creó el 13 de julio de 2006 para analizar "irregularidades denunciadas en cuanto a la gestión y funcionamiento del PTI" y se reunió en más de 30 oportunidades.

Muchas de esas irregularidades fueron constatadas, lo cual provocó el cierre transitorio de empresas, sanciones y restricciones a otras, y cambios en la administración del parque.

Actualmente, hay en el predio 68 empresas, que emplean a unas 800 personas.

La mano de obra proveniente del Cerro y La Teja alcanza al 60% y el monto en salarios que se vuelca anualmente a esas zonas es de US$ 2.800.000.

La facturación anual del PTI, según las cifras oficiales, es de US$ 16 millones.

Pero a raíz de las denuncias que involucraron a empresas contaminantes, no se aceptan actualmente solicitudes de instalación de firmas que se dediquen al tratamiento de residuos sólidos o líquidos industriales.

RECOMENDACIONES. Entre las recomendaciones que incorpora el informe de la Junta se sugiere el relevo periódico por parte de la administradora del parque "del estado de los aportes que deben realizar las empresas" al BPS, DGI y BSE, y de las habilitaciones necesarias para su funcionamiento: Bomberos, Dirección Nacional de Medio Ambiente y Bromatología, entre otras.

También se recomienda hacer visitas con regularidad a las empresas instaladas para constatar las condiciones en las que funcionan, "prestando especial atención a aquellas que por los elementos que procesan y manipulan pueden generar perjuicios medioambientales".

El informe también recuerda que se encuentra a punto de licitar "la red de saneamiento, el agua potable y el sistema antiincendio del edificio verde", así como "el sistema antiincendio del área alimentaria, caminería interna y mejora del ingreso al parque".

El alma mater de la comisión investigadora del PTI fue la edila colorada Cristina Ferro, quien hizo varias denuncias sobre empresas contaminantes. Ferro falleció en abril de este año.

En 2008, la edila dijo a El País que el parque carecía de habilitación de Bomberos y del Ministerio de Industria para funcionar como conglomerado industrial. Incluso, señaló, había empresas sin habilitación bromatológica.

De todos modos, su principal preocupación era que la Comisión Administradora se manejaba con potestades delegadas por el entonces intendente Ricardo Ehrlich. Para entonces, el parque no había parado de crecer: su valor patrimonial era de US$ 7.500.000 en 2006, y en 2008 ya superaba los US$ 14.000.000.

A partir de las denuncias de Ferro, varias empresas fueron cerradas o multadas por la IMM y otras regularizaron sus estados. También se creó la figura de gerente del PTI, que ocupó el ingeniero Daniel Bragunde a partir de una convocatoria pública. Y fueron sustituidas las jerarquías de la comisión administradora, que integraba, entre otros, el líder tupamaro Julio Marenales.