P. Besada / E. Barreneche
Desde ayer la vigilancia del complejo de San Martín y Aparicio Saravia depende de una empresa de seguridad privada contratada por la Agencia Nacional de Vivienda. Luego de una noche sin el servicio 222, varios apartamentos fueron ocupados.
En todos los complejos habitacionales de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), ubicados mayormente en zonas de contexto crítico, se eliminó el servicio de vigilancia 222 y se sustituyó por patrullajes móviles y por seguridad privada.
Los vecinos siguen con miedo y se asesorarán con abogados para denunciar la repentina eliminación de la vigilancia del complejo, que derivó en una noche de robos y ocupaciones de las viviendas vacías.
El comisario de la Seccional 12, Gustavo Corrales, dijo a El País que desde ayer "pusieron guardias de seguridad de una empresa privada que pertenece a la Agencia" en el complejo habitacional de Casavalle.
El complejo CH84 está ubicado frente al "Palomar", a la entrada del barrio Borro, a cuatro cuadras del barrio Marconi y linda con el 40 Semanas. Tiene 192 viviendas, de las cuales 50 estaban desocupadas hasta esta semana.
En la noche del miércoles, pocas horas después de que se retiraran los tres guardias del servicio 222, decenas de familias de los barrios linderos cruzaron al complejo y ocuparon viviendas vacías.
Según Corrales, actualmente hay entre 27 y 30 unidades ocupadas. Delia Blardoni, dueña de un quiosco dentro del complejo, dijo que "todas las casas vacías están ocupadas". Sin embargo, para el presidente de la ANV, Carlos Mendive, solamente "se produjo una ocupación de cuatro viviendas" en la noche del miércoles.
Mendive habló ayer a varios medios, pero no atendió las llamadas de El País.
Por otra parte, los vecinos también fueron víctimas de robos y saqueos a varias viviendas. A una mujer que estaba de viaje en Salto le vaciaron el apartamento, según los vecinos.
Estos hechos, que fueron narrados a El País por los vecinos y confirmados por la Policía, fueron minimizados por Mendive ayer en entrevista con radio El Espectador. Dijo que "se dio un pasaje de una modalidad de vigilancia a otra modalidad, que implicó obviamente una racionalización importante y un corte de contratación del servicio 222. En esa transición sí nosotros esperábamos que se pudiera producir algún problema", indicó.
Gasto. Mendive dijo que "esa racionalización del servicio 222 se toca con intereses y cuando se da esa transición hay voluntades de mostrar caos y descontrol". Según Mendive, el gasto en vigilancia de las viviendas vacías de la ANV ascendía a US$ 140.000 por mes, lo que representaba U$$ 1,7 millones anuales. Mendive consideró que el gasto es "desproporcionado" y por eso se realizó la "racionalización del servicio".
"No estamos desatendiendo la seguridad de esas viviendas vacías, la estamos reforzando a través de un mejor servicio, más eficiente y eficaz", afirmó.
PROBLEMA. Desde la Jefatura de Policía de Montevideo se informó que la ocupación del complejo CH84 ocurrió por la decisión de la ANV de retirar los policías que cumplían servicios 222.
Según fuentes policiales encargadas de cumplir los contratos del Servicio 222, días atrás directivos de la ANV solicitaron a los policías que se retiraran de unos 600 apartamentos y entregara las llaves de decenas de inmuebles.
A pesar de la decisión de la ANV, desde la Jefatura se trasmitió a los mandos medios de las comisarías que continuaran con las vigilancias porque se temía que se sucedieran hechos vandálicos contra los complejos y apartamentos.
Sin embargo, según fuentes policiales, una subcomisaria no comprendió la orden de continuar con el Servicio 222 y retiró la custodia de un inmueble, entregando las llaves y un handy policial al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), pese a que este organismo ya no gestiona estos bienes.
Es posible ese malentendido esté vinculado con los episodios ocurridos en el CH84.
Las fuentes reiteraron que unos 900 policías perdieron los ingresos extras que les representaba el servicio 222, de entre $ 5.000 y $ 10.000 mensuales.
El jefe de Policía de Montevideo, Walder Ferreira, indicó a El País que ahora deberá redistribuir el personal que cuidaba complejos habitacionales y apartamentos en otros servicios de custodia.
Fuentes gubernamentales dijeron a El País que el recorte de los servicios 222 se instrumentó porque se constató un uso desproporcionado de esa custodia en los inmuebles de la ANV.
Agregaron que la sede de ese organismo contaba con más policías que la casa central del Banco República. También indicaron que el gasto por la custodia era millonario.
Según las fuentes policiales, las comisarías necesitaban un promedio de un agente y medio para cubrir el turno nocturno de cada uno de los 600 apartamentos que cuenta la ANV en barrios periféricos o de contexto social crítico, por lo cual son 900 los policías que pierden esa fuente de ingresos.
Cada policía puede realizar hasta un tope de 200 horas mensuales de servicio 222. Ello implica que un agente solo puede cubrir seis horas de las ocho del turno nocturno y necesita el aporte de otras horas realizadas por un colega.