La débil voz del defensor de los débiles

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RAÚL MERNIES

Las pitonisas interpretaban el oráculo como el ombudsman interpreta a los ciudadanos. La diferencia es que los reyes de la antigüedad seguían los consejos de las pitonisas, mientras que el 54% de las recomendaciones del Defensor del Vecino no son atendidas.

Desde el 1° de diciembre de 2006 el psicólogo social Fernando Rodríguez es el ombudsman de Montevideo. Sin embargo, una encuesta realizada en diciembre de 2009 por Equipos Mori arrojó como resultado que el 61% de la ciudadanía no conocía al Defensor del Vecino. El 38% contestó que sí conocía a Rodríguez, o a la institución que él encabeza, mientras que el resto no tenía idea.

De los que dijeron conocerlo, el 30% no sabe cuáles son las funciones que cumple. El 20% consideró que se dedica a "solucionar problemas del barrio", un 13% indicó que "recibe quejas", otro 13% dijo que "resuelve disputas entre vecinos", y otro 23% le atribuyó "asesoramiento e intermediación con empresas".

El ombudsman montevideano considera "aceptable" la gestión de su defensoría, ya que luego de tres años logró que el 46% de los reclamos tuviera respuesta de la Intendencia. "No significa que le hayamos solucionado los problemas a ese 46% (unos 20.000 vecinos), sino que logramos que la Intendencia respondiera. Muchas veces la respuesta es `no hay presupuesto para eso`. Para nosotros eso es un trámite exitoso", afirmó Rodríguez.

Ese guarismo lo hizo merecedor de las felicitaciones de otros defensores de ciudadanos en América, como el argentino: "Me dijo que a él le había llevado ocho años llegar a 40% de respuestas", expresó.

Uruguay "no tiene" la cultura del ombudsman incorporada "a nivel político ni social". Los gobernantes "y hasta la propia sociedad no creen que tenemos razón", dijo Rodríguez.

"Tenemos que crear (esa cultura) si no queremos estancarnos. Los jerarcas tienen que entender que si les hacemos una recomendación es porque hicimos estudios y sabemos que hay un derecho vulnerado", afirmó el ombudsman.

PÓLVORA EN CHIMANGOS. El último Informe Anual (mayo de 2010), hace recomendaciones vinculadas a la labor de los inspectores de la IMM, la Ley de Empadronamiento y las habilitaciones irregulares.

Entre sus "buenas ideas", la última (en este mes de junio) reclamó a la Intendencia derogar una resolución que impide realizar trámites cuando tienen deudas por multas impagas. Rodríguez puso como ejemplo que algunos choferes que tienen deuda con su auto particular no pueden trabajar porque no se les permite renovar su libreta de conducir.

En marzo entregó una propuesta para solucionar el tema de las patentes de rodados.

Propuso adoptar como base el valor de mercado, según promedio del año anterior, sin impuestos y en pesos uruguayos, "aplicando una alícuota igual a la determinada para los vehículos de 2008 en adelante: 4,5% del valor".

En abril su consejo fue sobre las casas abandonadas, que en muchas ocasiones se transforman en focos de delincuencia. El ombudsman intentó encontrar soluciones apelando a la colaboración de varios organismos. Su intención es conseguir viviendas dignas para esas personas y para eso se contactó con el Programa de Mesas Locales de Convivencia Ciudadana, el Programa de Policías Comunitarios, el INAU y el Ministerio de Vivienda. Todavía no hay una solución.

El Informe Anual anterior (junio de 2009), incluyó duros cuestionamientos a la gestión municipal y no cayó bien en el MPP, sector del ex intendente Ricardo Ehrlich.

"Hay planteos con los que no coincidimos. Compara incorrectamente los porcentajes en casos en los que se mejoró el trabajo, como la poda de árboles. El Espacio 609 no estuvo ni está de acuerdo con la figura del ombudsman; la mejor defensa de los vecinos, son los propios vecinos organizados", había declarado el edil emepepista Jorge Meroni.

Rodríguez recibió, investigó e hizo recomendaciones sobre denuncias de casas velatorias que no reúnen requisitos para funcionar, pero están habilitadas. Tampoco tuvo eco.

El otro tema "de moda" hace referencia a la contaminación acústica. El ombudsman contó que ya hizo "todo lo posible", que el Parlamento llegó a votar una ley, pero nunca fue reglamentada.

"Podemos hacer la diferencia y no lo hacemos. La Intendencia procede una vez que hay daño constatado, cuando podría prevenirlo. Habilita un boliche bailable y a las dos semanas lo intima por ruidos molestos. ¿Por qué no verificó que no hiciera ruidos molestos antes de habilitarlo?", se cuestiona.

"No entienden que lo que hacemos los beneficia como funcionarios públicos. Somos un bicho molesto para ellos y hasta nos ignoran", concluyó Rodríguez.

Una vez que la queja es admitida por la Defensoría, se identifica "el derecho vulnerado" del vecino, el actor "vulnerador" (División municipal responsable) y qué acto se está vulnerando (cuál es la falla). Se hace una recomendación a la división responsable y luego de 30 días hábiles, si no hubo respuesta se eleva la recomendación a los superiores de la División. Si no hay respuesta, el último recurso es informar a la Junta Departamental. "Yo aviso; si la Intendencia sigue lo hará a sabiendas de que está vulnerando un derecho".

J.L. Aguiar

Si la figura del Defensor del Vecino -el ombudsman montevideano- no es conocida por la mayoría de los montevideanos, ¿qué puede esperar el ombudsman de las cárceles, que desempeña cometido similar pero circunscripto al sistema penitenciario uruguayo?

Cuando el abogado Álvaro Garcé fue elegido por la Asamblea General en 2005 para desempeñar el cargo de Comisionado Parlamentario, recibió algunas felicitaciones de este tenor: "¡Enhorabuena, te nombraron Superman de las cárceles!" La labor de este "super- héroe" no ha sido fácil desde entonces; y es probable que el próximo 13 de julio, cuando concluya su mandato, los mismos problemas que afrontó hace cinco años continúen sin solución, y que algunos inclusive se hayan agravado.

De hecho, su gestión empezó con 7.200 presos y acabará con más de 9.000.

Sin embargo, a lo largo de la charla con Garcé uno puede llevarse la impresión de que está satisfecho de su labor. Aunque las cárceles están peor ahora que hace cinco años, la imagen del Comisionado Parlamentario está mucho mejor.

"Los problemas actuales de las cárceles ya existían antes de que se creara el Comisionado, y no son de fácil solución. El nivel de hacinamiento se ha triplicado durante en estos cinco años y cada vez es más desfavorable la relación de guardias y reclusos; ello obliga a atender también el problema de los funcionarios en cuanto a las remuneraciones y a la carga horaria que enfrentan".

Otros males endémicos del sistema penitenciario son la falta de opciones de trabajo y estudio; el ingreso de drogas y el alto porcentaje de consumo; las amenazas y extorsiones a presos y familiares. Sobre todos esos aspectos Garcé ha llamado la atención, aunque su voz no ha tenido tanto eco ni generado tanta polvareda como la del austríaco Manfred Nowak, experto de la ONU que visitó las cárceles uruguayas en marzo del año pasado. Nowak dijo a la prensa que la situación que se encontró fue "mucho peor" de lo que había pensado.

"Pero también ha habido avances", sostiene Garcé. "Hay cárceles que han mejorado mucho en cinco años. Los ejemplos más destacables son las de Paysandú, Treinta y Tres, Trinidad, e incluso la Cárcel Central. Lo que se está haciendo ahora en Lavalleja también es digno de encomio".

Se refiere al establecimiento "Campanero" que atiende a un número reducido de presos que pueden trabajar en un aserradero, un criadero de pollos o en una fábrica de bloques.

El Comisionado también pone en la mochila de los haberes el hecho de que algunas de sus recomendaciones institucionales empiezan a verse plasmadas. Una de ellas es la de lograr "un mejor control de lo que se gasta" en el sistema penitenciario.

"En Paysandú, a partir de 2007, se realiza un control de lo que se compra, lo que se produce y lo que ingresa en concepto de donaciones. Los internos mismos trabajan en la oficina de control. Como resultado de esa experiencia se ha mejorado la dieta de los reclusos en relación con otras cárceles y casi no hay denuncias de faltantes. También se están haciendo controles similares en Tacuarembó, en Treinta y Tres, en Lavalleja", dice.

Pero hay que volver, inevitablemente, a los problemas. El primero de ellos fue el propio aterrizaje del Comisionado en el seno del sistema penitenciario. No fue un buen aterrizaje.

"El primer año fue difícil", dice Garcé en su último informe. "Percibíamos en el personal un desconocimiento de nuestra función; el recelo era evidente. Más de una vez se nos interpeló sobre el sentido de nuestra tarea. "Usted es el defensor de los presos; ¿quién nos defiende a nosotros?"; "¡Cuidan a delincuentes!"; "¿Por qué le creen a esta gente?", preguntaban en las cárceles.

Garcé considera que uno de sus logros fue haber cambiado esa visión. "Ha sido un cambio estimulante la generación de confianza", dice. "Hoy el personal nos ve incluso como una garantía. Cuando participamos en una requisa de armas, la presencia de legisladores y del Comisionado es una suerte de resguardo para los funcionarios", explica.

También los internos valoran el trabajo. "No tengo dudas de ello", afirma Garcé.

Las quejas de los reclusos llegan hasta su despacho por diversos medios. "Unas veces vienen los familiares a vernos; otras, llaman por teléfono. Tuvimos más de 1.500 llamadas el año pasado. En otros casos, los reclamos se reciben en la propia cárcel. Mis asesores y yo realizamos de 44 a 48 visitas mensuales a todos los establecimientos, y en cada visita entrevistamos de 5 a 15 internos. En general, el 90% de las quejas individuales que hemos elevado a las autoridad penitenciaria ha tenido rápida respuesta".

¿Su mayor frustración? "Hubo denunciantes de algún hecho de corrupción que fueron asesinados en el patio de la cárcel", dice.

En el último informe que presentó el Comisionado Parlamentario hay datos para alarmarse.

Cuando el gobierno de Tabare Vázquez dispuso en 2005 el régimen excepcional de libertades anticipadas, había 7.206 presos en todo el país. Tras esa medida, la cifra disminuyó a 6.694.

Dos años después, la población carcelaria volvía a registrar los niveles anteriores (7.366).

El número de presos llegó a 8.403 el año pasado. En tres años (2006-2009), el número de reclusas mujeres aumentó un 59%.