Observan a IMM por licitación de paradas

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó nuevamente a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) por el proceso que tuvo la licitación para los refugios de ómnibus.

Luego de que el consorcio ganador de la licitación -formado por Girola de Argentina y Giralor (Movimagen) de Uruguay- no pudo mantener su oferta, la Intendencia de Montevideo resolvió, en marzo de este año, conceder la instalación y el mantenimiento de los nuevos refugios peatonales a la compañía CBS-Heres, que desde hace años explota el negocio y había quedado en segundo lugar en el llamado.

El municipio aseguró, en aquel entonces, que la colocación de las nuevas paradas "no podía esperar más" por eso decidió adjudicar a la firma que había puntuado segunda en la licitación.

El TCR recuerda en una nueva observación al municipio que "el llamado licitatorio fue oportunamente observado por razones procedimentales de carácter insubsanable que irradian sus efectos al presente".

"La de haber dejado sin efecto la adjudicación inicialmente dispuesta (Resultando 1) no enerva los vicios de procedimiento de los que se adoleció, con la salvedad de que para esta nueva adjudicación se recabó la anuencia de la Junta Departamental", agrega el Tribunal.

Además agrega que la nueva adjudicación dispuesta por la administración "no obedeció a razones de subsanación de omisiones legales sino que ello deriva de la imposibilidad manifestada por uno de los integrantes del Consorcio adjudicatario de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas opor-tunamente" y que por otra parte el organismo había señalado "los apartamientos de la propuesta de Heres Chile S.A. (nueva adjudicataria), en especial en mate- ria técnica, de calidad y mantenimiento de los refugios ofrecidos, tanto en la línea hormigón como minimalista".

ANTECEDENTE. En marzo de 2009 el entonces intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich dispuso adjudicar al consorcio uruguayo-argentino, por un plazo de 12 años, la colocación de 3.000 nuevos refugios peatonales. La firma debía pagar un canon anual de $ 415.000 y tuvo que depositar una garantía de US$ 300.000 para mantener la oferta.

Se encargaría del mantenimiento de los refugios, y como contrapartida vendería la publicidad.

Sin embargo, el (TCR) observó la licitación. En su resolución, el organismo señala que "los dictámenes realizados por la Administración contravienen el principio de legalidad y atentan contra el criterio de razonabilidad, en tanto no surge que la sugerencia de adjudicación se haya realizado a favor de la oferta más conveniente".