Desquicio sindical

RIcardo Reilly Salaverri

En el año 2000 un 12% de la fuerza de trabajo nacional estaba sindicalizada y el 60% de la afiliación pertenecía al sector público. Al que pagamos los ciudadanos sea con impuestos, con contribuciones, con tasas o con precios. Estando cautivos por lo demás de muchos servicios, como los que tienen a su cargo las intendencias o muchos de los entes autónomos y servicios descentralizados (UTE, Ancap, OSE, etc.) que son monopólicos. Por lo que la gente no tiene más opción que caer en ellos.

Aquí la corruptela es simple. Se pide por los sindicatos estatales cualquier cosa y que pague otro (notoriamente el liderazgo en la materia se lo lleva Adeom-Montevideo, en base a concesiones iniciadas cuando el Dr. Vázquez asumió la intendencia, que ha pasado de recaudar hace 20 años US$ 75 millones a recaudar actualmente US$ 400 millones).

La afiliación sindical actual se desconoce. El gobierno -nacional en este caso del Dr. Vázquez- ha dejado una sucesión de leyes que han desnaturalizado totalmente las relaciones laborales, impulsadas sin consulta, ni consideración del empresariado nacional, llevando la cuestión a una realidad totalmente imprevisible y a una inseguridad jurídica absoluta.

En la cima de este despropósito se encuentra la ley de tercerizaciones por la cual quienes nada tienen que ver con deudas laborales ajenas y cargas administrativas diversas, de golpe se pueden ver integrados a una cadena de deudores solidarios (así, por ejemplo, si un condominio solicita a un arquitecto se ocupe de una limpieza de frentes, éste contrata a una empresa del ramo, la que a su vez subcontrata parte del trabajo con otra empresa; si la última incumple con los salarios o las horas extras, o el BPS, todos pueden ser demandados quedando incluso los dueños de los apartamentos con sus bienes expuestos a una deuda notoriamente ajena).

En base a las concesiones leoninas dadas por el anterior gobierno a la dirigencia sindical -adicta y predilectamente volcada a un concepto tan moderno como el manifiesto del partido comunista de Carlos Marx- dicen los beneficiados que por tales medidas la afiliación ha crecido. No hay forma de corroborarlo realmente. Lo seguro es que el fuerte de adhesión sindical sigue estando en los empleados públicos.

En el marco del desquicio llevado adelante con calor oficial, se sostuvo el disparate de admitir las ocupaciones de los lugares de trabajo, violando la libertad de trabajo de quienes quieren trabajar, y lesionando la propiedad de los dueños de los establecimientos y el orden público. La mismísima Organización Internacional del Trabajo ha dicho expresamente que los agitadores vernáculos carecen de razón jurídica que ampare actos de esta naturaleza.

A cada rato se producen situaciones sorprendentes dentro del marco aludido. La última es la de Conaprole en donde un empleado es sorprendido y filmado cometiendo una grave falta, que amerita la pérdida de confianza del empleador en él, y los sindicalistas paralizan la industria láctea, con pérdidas de exportaciones, reclamando que quien incurrió en notoria mala conducta laboral sea retomado. ¿Quo vadis?