Buscan limitar intervenciones de teléfonos en italia por escándalos

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THE NEW YORK TIMES

En Italia, no eres nadie si tu teléfono no está intervenido. O, como lo expresó Beppe Grillo, el principal provocador político y bitacorista en línea de Italia: "Esta es una nación en la que, si no puedes ser chantajeado, nunca saldrás adelante".

Las intervenciones telefónicas en Italia han capturado a coristas con mafiosos, políticos y acompañantes definidas vagamente como "masajistas", y en fecha reciente incluso a un integrante del coro del Vaticano que conseguía citas a seminaristas con un funcionario de obras públicas.

Incluso el primer ministro Silvio Berlusconi aparece rutinariamente en las grabaciones de dichas intervenciones, las cuales son filtradas a la prensa italiana con alarmante regularidad, normalmente en un papel de apoyo, atraídas en la investigación de alguien más, pero a veces el tema de la investigación misma. En 2007, capturaron una de sus conversaciones telefónicas con el ejecutivo de una televisora, en la cual se refirió a uno de los integrantes de su coalición de centro-derecha en términos de "un idiota", pidiéndole después al ejecutivo que se reuniera con una corista.

Todo parece indicar que eso no fue del agrado del primer ministro.

A fin de contener las vergonzosas filtraciones que son un espectáculo contiguo del circo político de Italia, su gobierno está pugnando por una nueva y polémica ley que restringiría enormemente la facultad de los magistrados para intervenir comunicaciones y la capacidad de los periodistas para publicar los resultados.

Empero, hay quienes temen que la misma ley que pudiera mantener a políticos fuera de los tabloides también pudiera mantener a mafiosos fuera de la cárcel. Magistrados veteranos que se oponen la mafia e investigadores de contraterrorismo dicen que esta ley frustraría investigaciones criminales, al tiempo que los periodistas temen que se pierda la libertad de prensa.

"El problema existe pero, en mi opinión, la solución es errónea", dijo Roberto D´Alimonte, catedrático de ciencias políticas por la Universidad de Florencia. "Se va de facilitar excesivamente las intervenciones telefónicas a dificultarlas enormemente", agregó.

La nueva legislación limitaría las intervenciones o escuchas a dos meses para la mayoría de las investigaciones criminales, por debajo de los seis meses a un año que prevalecen actualmente, e impondría onerosas multas a periodistas que publicaran material filtrado. De ser aprobada, podría tener efecto sobre cientos de investigaciones y juicios en curso, incluidos algunos que ya llegaron a altos niveles del gobierno de Berlusconi.

Si bien se reconoce que las filtraciones son ampliamente incontrolables, muchos consideran que la nueva iniciativa de ley es otra ley "ad personam", enfocadas más a la protección de los intereses personales y políticos de Berlusconi que a la democracia italiana.

"No hay otra razón que el miedo a investigaciones ulteriores, lo cual pudiera involucrar a integrantes del gobierno", dijo el director editorial del Corriere della Sera, el principal diario del país, en una entrevista de la semana pasada.

La iniciativa languideció en el Parlamento durante un año, pero el gobierno ya incrementó sus esfuerzos con miras a aprobarla en vista de una investigación por corrupción en la cual han figurado las intervenciones telefónicas de manera prominente. La investigación sobre la otorgación de contratos de obra pública ya derribó a un ministro gubernamental, dando prácticamente como resultado la extinción política del tecnócrata más respetado de Italia, y al parecer se seguirá expandiendo.

En respuesta al clamor de protestas, la coalición de centro-derecha redujo la iniciativa de ley, misma que fue al Senado días atrás. Sin embargo, aún prohibiría que los medios de comunicación noticiosa publicaron fragmentos de conversaciones grabadas hasta el mismo final de las investigaciones preliminares, y después solamente en un sumario. En el lento sistema de justicia de Italia, las investigaciones pueden tomar años, y las noticias filtradas de intervenciones telefónicas a menudo pueden tener importantes ramificaciones políticas y económicas.

En 2005, el gobernador del Banco de Italia renunció luego que conversaciones grabadas demostraron que había elegido bando en la venta de un banco italiano, aunque la investigación formal apenas empezó en 2009. Bajo la nueva ley, "durante cuatro años, no habríamos sido capaces de escribir en 2005 sobre sucesos que pudieran alterar por completo el rostro de la economía italiana``, dijo De Bortoli, el editor del Corriere della Sera.

En protesta, periódicos italianos han estado poniendo de relieve material que no serían capaces de publicar si la nueva ley fuera aprobada.

El año pasado, las autoridades italianas vigilaron más de 112.000 teléfonos y 13.000 ubicaciones, con base en información del Ministerio de Justicia, cifras consideradas ampliamente entre las más altas de Europa. Fiscales que persiguen a la mafia y que combaten el terrorismo han argumentado desde hace ya largo tiempo atrás que esta iniciativa pondría en peligro investigaciones. Algunos han dicho que jefes de altos vuelos de la mafia no podrían haber sido capturados bajo la ley propuesta, la cual exigiría que los magistrados contaran con firme evidencia en el sentido que se ha cometido un crimen antes de tener autorización para intervenir electrónicamente una ubicación, como un automóvil o una oficina.

"Las escuchas telefónicas actualmente son la herramienta de mayor importancia en contra de toda la criminalidad: corrupción, mafia, terrorismo, delitos de cuello blanco", dijo Armando Spataro, fiscal de contraterrorismo en Milán.

Si bien la cultura rápida y relajada de intervenciones telefónicas y de lugares nunca prosperaría en EE.UU., donde los fiscales deben demostrar en la mayoría de los casos una "causa probable" para creer que se ha cometido un delito antes de intervenir un teléfono, el sistema actual en Italia al parecer tiene algunos seguidores estadounidenses bien colocados.

Bajo la ley propuesta, las intervenciones electrónicas tendrían que ser aprobadas por un panel de tres jueces y la mayoría podría extenderse hasta por 60 días, con una posible extensión a 75 días. Los magistrados también necesitarían aprobación especial para intervenir los teléfonos de integrantes del Parlamento y el permiso de una diócesis para espiar el teléfono de un sacerdote.

Spataro dijo que era "ilógico" limitar las intervenciones telefónicas a 75 días, ya que podría surgir material importante al último día. No obstante lo anterior, reconoció que el sistema actual ha sido objeto de abusos. "Pienso que hay demasiada publicidad sobre aspectos irrelevantes para las investigaciones en sí", notó.

De hecho, en meses recientes, los italianos se han enterado a través de conversaciones intervenidas que se filtraron la población sobre Mónica, una masajista brasileña contratada por Guido Bertolaso, el director de la Dependencia de Protección Civil, quien está siendo investigado por corrupción en el otorgamiento de contratos de obras públicas relacionados con la reunión cumbre del Grupo de los Ocho en L´Aquila, devastada por un sismo, el año pasado. Bertolaso, en contra del cual no se han entablado cargos por delito alguno, ya presentó su renuncia, pero Berlusconi aún no la acepta. Hace unas cuantas semanas atrás, Bertolaso se comparó con Bill Clinton, diciendo que ambos tenían problemas con Mónicas.

Detractores del proyecto de ley que se propuso dicen que las violaciones a la privacidad ya están prohibidas y son castigadas por la ley, aunque conceden que ésta se hace valer rara vez. Empero, De Bortoli dice que el proyecto propuesto va demasiado lejos: "es una batalla que ganaremos y el gobierno perderá".

La mafia italiana factura cada año miles de millones de dólares con el medio ambiente, según las denuncias de la asociación italiana ecologista Legambiente, que calcula que en 2009 obtuvo ganancias ilegales por 24.700 millones de dólares.

Según el informe anual de la asociación, entre las actividades más lucrativas de la mafia figura el tratamiento casi siempre ilegal de los residuos, así como la fabricación y uso de cemento de baja calidad para el sector de la construcción. Entre las infracciones que comete la llamada "ecomafia" figuran el abandono de montañas de basuras y desperdicios en lugares inapropiados y el envío a África y Extremo Oriente de piezas de computadores inutilizables y presentadas como aparatos en condiciones de funcionar.

Según el informe de Legambiente, esta mafia es "la única actividad que no ha registrado crisis" y cuenta siempre con un "balance positivo". Desde ese grupo, Vittorio Cogliati Dezza declaró que se trata de "un holding sólido y poderoso". De hecho, Roberto Saviano, escritor del libro "Gomorra", asegura que estos grupos delictivos "obtienen ganancias anuales superiores a la mayor industria italiana, Fiat, y a Benetton". AFP