Inútil y peligroso

El Banco Central se ha convertido en la estrella de la información nacional. Una semana atrás, la cautela nos llevó a esperar a que se aclarara un poco más el panorama antes de dar una opinión (editorial del 28 de mayo "Demasiadas íes" ). Ya con más información y elementos para juzgar, la preocupación es grande, y hay que dar señales de alarma. Del paquete de medidas adoptadas o de iniciativas en curso, lo que no es inútil, es peligroso para el país. Nada es positivo.

Redondeando inquietudes del editorial de referencia, confirmamos después de observar cómo se confecciona la lista negra de deudores relacionada en la página web de la Institución, que la medida de publicidad ofrecida al voleo es tan innecesaria como vejatoria para los que allí figuran.

Lo primero porque nada aporta la publicidad en Internet a la información que los bancos ya tienen en sus registros de datos que se consultan y se comunican permanentemente entre sí. Argumentar que así se da transparencia al negocio de crédito -aunque exista respaldo legal- es falaz. Los bancos tienen sus registros de datos que se consultan entre sí permanentemente. Pero además de sobreabundar en una transparencia que ya existe, se expone a la persona al vilipendio público, porque cualquiera que conozca su documento de identidad, apretando una tecla, se va a encontrar con una denuncia que esa persona es deudora -que tiene, es verdad, una calificación de su crédito que puede ser de baja exposición, pero quienes conocen el significado de las calificaciones bancocentralistas son los menos- y con una serie de datos técnicos sobre previsiones y contingencias que sólo especialistas conocen. Esto es un abuso que potencialmente puede generar daños irreparables sin aportar beneficios a nadie. Sobran los dedos de la mano para contar los países en que se adopta este sistema propio de un Estado policíaco. Y a ello parece que vamos a paso redoblado, con una bandera engañosa de transparencia acrisolando la marcha que penetre en la intimidad de la gente.

A ese hecho ya consumado, debe agregársele un proyecto de ley con modificaciones a la legislación sobre el secreto bancario. Uruguay es un país que gobernado por el Frente Amplio ha perdido jerarquía en los organismos internacionales, porque la izquierda no tuvo nunca políticas para conservar el respeto que se ganó antes. Hoy, es posible que se levante el secreto bancario por orden judicial a pedido de la DGI, pero al amparo de una presunción razonablemente fundada de una irregularidad. Ahora, la intención es darle esa facultad a la DGI al solo efecto de fiscalizar. Las explicaciones que dio el Ministro Lorenzo sobre el mérito de esta iniciativa, fueron lamentables. La legislación en vigencia, contempla todas las necesidades para que la información sobre las operaciones cubiertas por la confidencialidad sea brindada cuando un pedido se formula sobre bases serias. Astori, siempre fue radical en sostener que no era necesaria y que no se habría de concretar modificación alguna en este aspecto. Ahora cambió. Se explica, porque donde manda capitán no manda marinero, y estas intromisiones al derecho a la intimidad son propias de las afinidades ideológicas del séquito presidencial que es quien manda. Entonces, se ahonda más aún el riesgo de las garantías individuales ante el ejercicio indiscriminado de un poder incontrolable.

Eso es lo que está en juego, y lo menos que se le puede pedir a la oposición, es que si le pasan por encima con los votos de brazos enyesados, por lo menos denuncie -pero con estridencia si se concreta- este avasallamiento a la libertad, esta bomba de tiempo que se está gestando. Hay cosas que no se pueden dejar pasar.

Y en cuanto al gravamen a las rentas de uruguayos en el exterior, que puede parecer justo, será inútil. Porque si la gente que lo tiene, saca su dinero del país, es por la razón que siempre explica el tránsito de los capitales, que es la confianza y nada más. Y ante estas pésimas señales, lo seguirá haciendo aunque tribute.