Justicia citaría al director de Umissa en caso Antonini

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Este mes la Justicia citará a declarar a un nuevo testigo en el caso que indaga los negocios del venezolano Guido Antonini Wilson en Uruguay. Sería el empresario Alejandro Lagrenade, titular de Umissa.

Lagrenade, que se dedica a exportar casas prefabricadas a Venezuela, declararía antes de fin de mes ante el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini y la fiscal Elsa Machado, en el marco de la causa que indaga los negocios del empresario venezolano Guido Antonini Wilson en Uruguay, dijeron fuentes del caso a El País.

La citación de Lagrenade habría sido pedida en mayo por la fiscal Machado, quien luego de rever el expediente tras una serie de documentos enviados a Montevideo desde la Justicia de Estados Unidos, solicitó al juez Fernández Lecchini el diligenciamiento de nuevas pruebas.

En agosto de 2007, Antonini Wilson pretendió ingresar en Buenos Aires con una valija en la que trasladaba de forma ilegal US$ 800.000. Ese dinero estaba destinado a la financiación de la campaña de la entonces candidata y actual presidenta argentina Cristina Fernández.

Esa situación, sumada al hecho de que Antonini Wilson realizó seis viajes a Montevideo entre 2007 y 2008, hizo que los diputados nacionalistas Pablo Abdala, Rodolfo Caram, Mauricio Cusano y Gonzalo Novales pidieran en noviembre de 2008 que se investiguen los negocios realizados por el empresario venezolano en Uruguay.

En su momento, la Justicia uruguaya también tramitó una denuncia de un ex socio de Antonini Wilson sobre un presunto desvío de US$ 18.000.000 hacia una cuenta común que el empresario tenía con Lagrenade y otras dos personas.

Lagrenade, que negoció con Venezuela y logró un acuerdo para exportar 12 mil casas prefabricadas a cambio de US$ 156 millones, negó la acusación del ex socio de Antonini Wilson. El caso que investigó ese presunto desvío de fondos fue archivado luego de que las partes llegaran a un acuerdo, por lo que la jueza penal Fanny Canessa clausuró el expediente.

Incluso, al declarar ante la Justicia de Estados Unidos en 2008, Antonini Wilson dijo que los gastos de defensa en ese país eran financiados con dinero que retiraba de una cuenta bancaria de Umissa.

Al ser consultado ayer por El País, Lagrenade dijo que hasta el momento no le llegó ninguna citación judicial. El empresario también declaró meses atrás en el marco de otra indagatoria penal respecto al funcionamiento del Fondo Bolívar Artigas. Esa causa, a cargo del juez penal Sergio Torres, fue archivada a principios de 2010.

POLÉMICA. Por otro lado, a nivel político se desató una polémica respecto a la conveniencia de designar como embajadora en China a una funcionaria de la Cancillería que estuvo implicada en la concreción de los negocios de exportación de casas prefabricadas de Umissa a Venezuela, según informó ayer el semanario Búsqueda.

Se trata de Rosario Portell, para quien el Poder Ejecutivo envió al Senado la venia para aprobar su nombramiento co-mo representante diplomática ante el gobierno de China.

Portell, que había ingresado a la Cancillería en 2005, se desempeñó durante el gobierno de Tabaré Vázquez en la Subsecretaría de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una de las situaciones polémicas en las que estuvo involucrada la funcionaria ocurrió a mediados de 2008, cuando Portell fue designada subcomisaria del stand uruguayo en la Expo Zaragoza. Allí se registraron inconvenientes con las visas de los jóvenes que atendían el stand uruguayo.

La funcionaria también se vio implicada con posibles irregularidades en los negocios de Umissa. Incluso, por esos hechos, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), realizó una denuncia en su contra en 2007. En septiembre de 2008, Portell fue cesada en su cargo en la Cancillería.

Ayer, la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado preveía tratar el caso de Portell, pero la sesión fue suspendida.

En abril, en una entrevista que concedió al diario argentino Clarín, Guido Antonini Wilson expresó que era "vox populi" que en Argentina se cobraban coimas para concretar negocios con empresas venezolanas. Según afirmó el empresario venezolano, Claudio Uberti, ex funcionario del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Néstor Kirchner en el vecino país, había montado una oficina en Caracas donde se ocupaba de cobrar "peajes".