El Ejecutivo comenzará a trabajar desde la próxima semana con las primeras cinco cadenas industriales junto a empresarios y trabajadores para discutir su situación y comenzar a delinear medidas que puedan mejorar la coyuntura de cada sector, infamaron a El País fuentes oficiales.
Los primeros cinco Consejos Sectoriales que comenzarán a funcionar coordinados por la Dirección Nacional de Industrias serán el automotor, naval, textil-vestimenta, bio y nanotecnología (estudio a nivel de átomos y moléculas) y la madera.
"La idea es realizar el lanzamiento de cada sector uno tras otro en días consecutivos", revelaron los informantes.
No obstante, estos no serán los únicos Consejos Sectoriales que comenzarán a discutir paliativos con el gobierno sino que también se agregarán paulatinamente otras ocho cadenas que ya fueron analizadas por el Gabinete Productivo durante el Ejecutivo anterior.
También está previsto incorporar el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) en los sectores donde hay carencias con los recursos humanos.
Una de las novedades en esa convocatoria oficial es la de la cadena bio y nanotecnología. Según el diagnóstico de este sector que elaboró el Gabinete Productivo a fines del año pasado en el libro "Cadenas de Valor II", Uruguay atraviesa un momento "bisagra" en la bio y nanotecnología porque el país comienza a posicionarse con plataformas científico-tecnológicas con infraestructura de última generación que pueden desarrollarse con "costos muy competitivos".
Uno de los subsectores de esta rama, como es el farmacéutico, representa el 3% del valor bruto de la producción industrial y emplea a 2.000 trabajadores en forma directa.
Las debilidades más significativas que tiene la bio y nanotecnología pasan por la carencia de recursos humanos, ausencia de políticas que promocionen la participación del sector productivo y escasa articulación entre las empresas con el sector público.
Por otro lado y respecto a una ley que está en el Parlamento para subsidiar al sector textil-vestimenta, las fuentes adelantaron a El País que el gobierno está dispuesto a reducir el subsidio de siete a tres años. Por ese motivo, ahora resta definir cómo se va a repartir el monto del subsidio pautado de US$ 27 millones por cada año.