Violaciones varias

Pasados algunos días del fallo de La Haya es tiempo de hacer balance sobre las implicancias del mismo. Sobre todo ante el exagerado uso argentino de la determinación de que Uruguay no habría cumplido las obligaciones formales del Tratado, y la aparición de algunas voces en nuestro país que pretenden, sin conocer a fondo el tema, atribuir responsabilidades políticas por tal circunstancia.

La sentencia de la Corte tiene un elemento que puede ser clave para el futuro. Señala que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tiene un nivel jerárquico que la hace independiente de las respectivas cancillerías. Textualmente sostiene que "la CARU es un componente central en el cumplimiento de las obligaciones a las que ambos estados se han comprometido". Lo removedor de esta aseveración es que hasta ahora nunca ha sido así.

La realidad es que la CARU y la CARP, su organismo mellizo que administra el Río de la Plata, siempre fueron absolutamente dependientes de las cancillerías de los países. La letra de los tratados podrá inferir otra cosa, pero hasta hoy la verdad fue esa. Uruguay tiene una larga historia de omisiones, falta de información y decisiones unilaterales de Argentina, sumamente onerosas para el país, y que cada vez que se ha planteado un reclamo la respuesta de los representantes argentinos ha sido "muy interesante, procedemos a transmitirlo a la Cancillería", para nunca más tener noticia del tema. Pero veamos ejemplos concretos.

En el año 2001, Argentina decidió unilateralmente prolongar el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, algo para lo cual se requería conformidad de Uruguay, y nunca informó a la CARP a la que luego, cuando hubo protestas, "puentearon" y llegaron a un polémico acuerdo directo con nuestra cancillería.

Poco después Argentina decidió aumentar los peajes que se cobra a los barcos por circular por los canales comunes del Río de la Plata, tema muy sensible para Uruguay, y los representantes compatriotas ante la CARP se enteraron por la prensa. Algo similar sucedió cuando el gobierno argentino decidió eliminar unilateralmente un subsidio de 40 millones de dólares que destinaba al dragado de los canales de navegación. La empresa beneficiaria se "compensó" subiendo los peajes a los barcos, de nuevo perjudicando a Uruguay, y de nuevo sin dar noticia a la Comisión en un tema de su más estricta competencia.

Otro tema trascendente en el que la Comisión se ha visto ninguneada es el que refiere a la profundidad de los canales de acceso a los puertos, el Martín García y el Mitre, los cuales según el tratado deben estar en absoluta igualdad. Mediante maniobras poco claras, el canal que sirve a los puertos argentinos quedó dos pies más profundo, algo que parece insignificante, pero representa una diferencia de 6 mil toneladas menos para cada barco. Desde hace casi 10 años que Uruguay reclama revisar esto en la Comisión Administradora, sin respuesta argentina.

Estas omisiones, y decisiones unilaterales argentinas en temas de igual o más trascendentes que Botnia habrían justificado que Uruguay acudiera a La Haya. Pero nunca se hizo. Se entendió que es mejor la negociación al choque. Pero este permanente ninguneo a esas comisiones que ahora se pretende erigir en jueces supremos de los temas bilaterales, minó desde el inicio la confianza en las mismas. Y ahí está la razón de la falta de información entregada por Uruguay en este tema. Con estos antecedentes, en un momento de una crisis económica sin parangón, cuando llega la inversión más grande de la historia del país, ¿era responsable arriesgar a que la misma quedara enterrada en un cajón de la CARU?

No se trata aquí de una "avivada" como ha dicho alguno, sino la cruda realidad de un país pequeño que debe lidiar cada día con un vecino más grande, poco comprensivo, que no se caracteriza por ser un gran cumplidor en materia de obligaciones internacionales. Es de esperar que a partir de este fallo se puedan solucionar de una buena vez las históricas iniquidades de las que ha sido víctima Uruguay en las relaciones con este "hermano" conflictivo con el que comparte la gestión de los dos fenomenales recursos que son el Río Uruguay y el Río de la Plata.