Impugnarán ley que criminaliza a 460.000 inmigrantes ilegales

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DANIEL HERRERA LUSSICH En WASHINGTON | CORRESPONSAL PERMANENTE

Hoy 460 mil inmigrantes ilegales tienen sus valijas prontas para escapar a otro estado más seguro o la mayoría, un 90% mexicanos, están decididos a desafiar enormes riesgos y volver a su país y evitar ser capturados por la policía migratoria.

La agitación a todo nivel es enorme. La flamante ley de Inmigración, (bautizada de "criminalización de ilegales") que aprobó la gobernación de Arizona, comenzará a regir en 90 días y todo indica que no se permitirán debilidades en la orden: "Se detendrá por simple duda razonable a los supuestamente ilegales, se les encarcelará y tras 6 meses de prisión se les entregará a la autoridad migratoria para su deportación".

La Secretaria de Seguridad Interior Janet Napolitano y el Secretario de Justicia Eric Holder, del gobierno de Barack Obama, han salido al cruce de la nueva legislación.

"Se analizará si es inconstitucional", alegó la primera. "Es un abuso, (...) la presentaremos para su nulidad ante la Corte de Justicia", argumentó el segundo.

Las calles de las ciudades de Arizona viven jornadas de enfrentamientos, con banderas, cánticos y gritos que exhiben su malestar con la ley. "¡Exigimos su derogación! ¡Que no entre en vigencia!", claman con furia y temor.

Pero desfila también gente a favor, algunos dominados por la xenofobia, otros que ven peligrar los puestos de trabajo y recuerdan que las cárceles están superpobladas por latinos.

Uno de los argumentos que más se esgrime en contrario de la ley de Arizona apunta a que una vez que comience su aplicación llevará a la separación de los detenidos sin documentos, de sus hijos pequeños, nacidos en territorio americano. No hay plan para la reunificación familiar ni se disponen medios para trasladar a los niños junto a sus padres.

La ley que hace escasos días firmó la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, argumenta para su polémica actitud: "los congresistas y la Casa Blanca prometieron soluciones, desde un comienzo, para los inmigrantes, entre ellos la incontenible ola que ingresa a diario desde México por la frontera con nuestro estado. Y vivimos una época de crisis, de falta de empleo, gente sin vivienda y sin preparación, que desconoce el idioma. No hay que olvidar que cerca de 500 mil personas sin documentos viven en este estado y que en todo Estados Unidos existen 12 millones de latinos que han ingresado clandestinamente. Y repito, el país está en crisis. Y ha recibido, como el resto de los estadounidenses, sólo promesas de una ley equitativa de parte de Washington".

Una de las primeras voces de rechazo surgió del presidente Barack Obama: "es una ley equivocada, de ninguna manera va a resolver el problema y pienso que es inconstitucional". A su vez se sumó el presidente de México, Felipe Calderón, directamente afectado por las medidas contra ciudadanos de su país: "esta decisión abre una puerta al odio. En dos meses debo viajar a EE.UU. y le plantearé el grave problema al presidente Obama y la urgencia de encontrar una salida".

Ayer, en medio de severos diálogos a favor y en contra de la "ley Arizona", muchos sostenían que "ante esta explosiva situación Obama reemplazará una de sus actuales prioridades por una profunda ley inmigratoria". En tanto congresistas, entre ellos el republicano Lindsay Graham, hasta ayer trabajando por un proyecto inmigratorio de ambos partidos, decidió alejarse del tema: "este escándalo barre toda posibilidades de un entendimiento, en especial si se recuerda que en noviembre se votará mayoría en la totalidad de Diputados y un tercio del Senado".