BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA
Con el objetivo de avanzar en la causa que investiga si funcionarios del gobierno argentino cobraron sobornos de empresarios para hacer negocios con Venezuela, la Justicia analiza la ruta del dinero de las operaciones comerciales y de los vuelos.
Cuando el juez Julián Ercolini regrese a su despacho mañana encontrará el listado de medidas de prueba que sugerirá el fiscal Gerardo Pollicita para seguir con la investigación. Entre ellas pedirá al banco UBS-Stanford, de Nueva York, todos los datos de las operaciones realizadas a través del fideicomiso Bandes, por donde circula el dinero del intercambio comercial entre Argentina y Venezuela.
Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Caracas, denunció esta semana que empresarios pagaban coimas de entre el 15 y el 20% a funcionarios del Ministerio de Planificación por hacer negocios por medio de ese fideicomiso. El testimonio causó gran malestar en el gobierno, que desmintió a Sadous. Entre otros, lo hizo el canciller Jorge Taiana.
Pero el fiscal Pollicita tomó la declaración como un disparador de la megacausa en la que se investiga si Néstor Kirchner y sus funcionarios integraron una asociación ilícita.
Además de buscar datos en Nueva York, la Justicia quiere que el Comando de Regiones Aéreas entregue el listado de los vuelos privados y oficiales que salieron de la Argentina con funcionarios que viajaron a Venezuela en el marco de la relación comercial con ese país para averiguar quiénes eran los pasajeros y en qué aviones viajaron. La idea es determinar si esas misiones comerciales eran oficiales y si los vuelos se hacían en aviones privados y quiénes los pagaban.
Por lo pronto, ya se sabe que algunos vuelos fueron pagados por Pdvsa, la empresa estatal de petróleo venezolana. Es un dato sugestivo porque esa compañía es la que maneja el dinero del fideicomiso que formaron Buenos Aires y Caracas, con los dólares de la compra de fueloil por parte de la Argentina que pagan las ventas de productos que hacen empresarios de aquí al Estado venezolano.
Sobrevuela la "hipótesis Jaime", como ya se la conoce en tribunales, en alusión al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, procesado por recibir dádivas, en forma de vuelos gratuitos, pagados por las empresas de transporte a las que debía controlar. Las comitivas argentinas estaban conformadas por el director del Órgano de Concesiones Viales, Claudio Uberti, en ocasiones viajaba el ministro de Planificación, Julio De Vido, y una vez lo hizo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, según declaró ante la Justicia Sadous.
Fue el diplomático quien le dio un espaldarazo a la investigación al revelar que los empresarios se quejaban de que debían pagar "peajes" a funcionarios del ministerio que conduce De Vido. El ministro públicamente negó estas afirmaciones, al igual que los empresarios mencionados por el embajador.
Fuentes judiciales explicaron que, antes de citar a declarar a alguien, primero debe acreditarse en la causa cuáles empresas vendieron productos a Venezuela desde que se constituyó el fideicomiso en 2004. Para ello, el juez Ercolini le envió un oficio al ministerio de Planificación que hasta ahora no aportó datos sobre ninguna de estas operaciones comerciales de compra de fueloil a Venezuela y de venta de productos argentinos al Estado que conduce Hugo Chávez.
El dinero pagado por la Argentina va al fideicomiso y, de ahí, se paga a los empresarios argentinos sus ventas. Lo que dijo Sadous es que en el camino debían dejar un retorno, que se efectivizaba mediante transferencias bancarias o cheques.
Los dólares pagados desde la Argentina por el combustible venezolano se realizan al fideicomiso establecido en la cuenta del banco UBS Stamford, de New York, identificada como Bandes Fideicomiso. Bandes es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Pdvsa maneja el flujo del dinero y autoriza los pagos.
Como la Justicia argentina no obtuvo datos en su pedido a De Vido, se los va a solicitar al banco norteamericano, para saber cuáles empresas recibieron pagos, por qué montos y si esos pagos fueron acreditados en su totalidad en sus cuentas o si una parte quedó por el camino en bolsillos de funcionarios argentinos.
De este modo -si existieron-, se podrá identificar a los que pagaron sobornos y a los que los recibieron. La declaración de Sadous menciona un negocio de venta de ascensores para hospitales y edificios públicos que hizo la empresa Servas, una venta de maquinaria agrícola por US$ 50 millones, y embarques de carnes, alimentos envasados y vaquillonas.