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Los trabajadores hicieron un balance negativo de los 14 años de aplicación de la ley 16.713, que permitió el desembarco de las AFAP. Entre sus reclamos, exigen que los afiliados no obligados por ley puedan salirse del sistema de ahorro individual.

"Se mantienen las condiciones de un sistema perverso de capitalización y ahorro individual y si bien todavía no hay una generación de personas que se jubile, ya están afectando a los que están próximos a su jubilación", opinó Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el Directorio del BPS.

Ferrari participó ayer de una actividad en el Pit-Cnt en la que se evaluó el impacto de la ley desde su aplicación hace 14 años. El resto del panel lo integraron la representante de los empresarios en el Directorio del BPS, Elvira Domínguez, el secretario general de Onajpu, Waldemar González, y el coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo. El sindicalista señaló que se trata de una norma que "no quisieron, ni quieren los trabajadores"; el Pit-Cnt considera que el régimen previsional no debe ser mixto. Hoy, las AFAP tienen unos 920 mil afiliados.

Ferrari, en tanto, cuestionó el sistema de las AFAP, el cual ha redundado, argumento, en menos jubilaciones (más allá de algunos cambios que elevaron la media anual) y a valores más bajos.

Para Ferrari, "la seguridad social y sobre todo la vejez no pueden estar condicionadas al riesgo de lo que puede pasar". Por eso plantea una reforma gradual del sistema.

Un primer paso tiene que ver con "la libertad de hacer todo lo que la ley no prohíbe"; la norma obliga a afiliarse a las AFAP a los menores de 54 años que ganan más de $ 22.229; de todas formas se admite el registro voluntario de trabajadores a través del artículo 8 de la ley. Sin embargo, por la vía del decreto se establece que la opción es irreversible. Los trabajadores dicen que el decreto es "ilegal" y exigen al gobierno que permita desafiliarse a quienes no están obligados. También reclaman derogar el artículo 8.

Otro planteo es la eliminación del artículo 178 de la ley por el cual se "conforman empresas unipersonales, transformando empleados como si fueran trabajadores por cuenta propia". Eso es una práctica de "desregulación" propia de la década de 1990, dijo Ferrari, quien señaló que ya existe una ley enfocada a esa situación.

En virtud de este artículo, si el BPS observa el contrato de trabajo y determina que existe una relación de dependencia, la empresa contratante queda obligada a cumplir con el trabajador desde el mes siguiente a la notificación en adelante. Hacia atrás, los trabajadores pierden "no sólo la recaudación del BPS sino los derechos de seguridad social y laboral" ganados.

Una de las propuesta del Pit-Cnt es elevar el subsidio por enfermedad. Se plantea subir el tope de 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, hoy $ 6.183) a 8 ($ 16.500), equiparándolo al seguro de paro. La idea es que, además, a través de la negociación colectiva, se pase del pago del 70% del salario al 100%.