Presupuesto: asignación de recursos según metas

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El Ministerio de Economía busca implementar un sistema de asignación de recursos presupuestales en base a la evaluación de resultados, haciendo a un lado el "justificativo político" para el manejo de recursos.

El ministro Fernando Lorenzo se mostró dispuesto a avanzar en esta idea que viene del gobierno de Tabaré Vázquez, en momentos en que el Poder Ejecutivo está comenzando el análisis interno de las pautas de la ley de Presupuesto 2010-2015. Lorenzo se manifestó partidario de aplicar "reglas que impacten" sobre las metas de los organismos estatales antes de decidir las futuras asignaciones de recursos.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) elaboró un software que distribuirá entre los organismos estatales que fija un cronograma de metas, plazos y logros obtenidos con los recursos públicos.

Precisamente, cuando el ministro Lorenzo concurrió el miércoles 7 al Senado, informó que una de las tareas a que está abocado es "focalizar la asignación de recursos, priorizando las áreas y proyectos estratégicos y de mayor impacto económico y social, de acuerdo con el programa de gobierno, y mejorar la calidad del gasto público promoviendo la utilización eficiente de recursos y la implementación de compromisos de gestión".

En el seminario "Presupuesto con equidad" que tuvo lugar ayer en el Palacio Legislativo, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres y la bancada parlamentaria femenina, las legisladoras plantearon en líneas generales que el gobierno incorpore la perspectiva de género en la ley de Presupuesto -que tiene que entrar al Parlamento antes del 31 de agosto-, basadas en una ley de 2007 que establece la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Tras escuchar algunas intervenciones, el ministro Lorenzo dijo que en el pasado las leyes de Presupuesto justificaron que lo ideal es vincular la asignación de recursos a la evaluación de los resultados. "Es un tema de disciplina política", sostuvo el ministro, aunque se mostró escéptico de que haya "conciencia" en el sistema político de lo que eso significa.

"Tengo dudas de que se quiera admitir que la evaluación de resultados es un ingrediente fundamental para las asignaciones de recursos. En Uruguay hay una preferencia por la justificación política de las asignaciones presupuestales. (Pero) estamos dispuestos a avanzar en la materia. La historia de los presupuestos es de discrecionalidad política y quien lo formula cree que hace lo mejor del mundo. Esto nos lleva a preguntarnos por qué los presupuestos por resultados son tan difíciles de implementar", sostuvo el jefe del equipo económico.

DISCUSIÓN INTERNA. También ayer, el vicepresidente Danilo Astori aseguró que la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto se hará luego de una discusión "profunda" en el Frente Amplio a fin de definir prioridades. Cuando se alcance un acuerdo, se manejarán los números, precisó Astori.

Astori adelantó que no habrá más recursos en base a un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para evitar debates políticos como el que se produjo al comienzo del gobierno pasado cuando se planificó entregar un 4,5% del PBI a la educación.

Astori indicó que en el presupuesto habrá prioridades en áreas establecidas en el programa de gobierno del Frente Amplio, como las de vivienda, seguridad, infraestructura (energía y transportes) y medioambiente.

En relación con lo presupuestal, la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, dijo ayer que hay un déficit de 100.000 viviendas, pero señaló que los recursos que se consigan a partir del presupuesto quinquenal deben ser orientados hacia la mejora del stock de viviendas en mal estado. "Hay stock suficiente, pero no tienen las condiciones de habitabilidad que se necesitan", explicó.

El Ministerio de Vivienda presentó ayer el cronograma de trabajo que tendrá la Comisión Asesora de Vivienda para definir las necesidades y propuestas en políticas habitacionales.

Cuatro subcomisiones tendrán a su cargo diferentes temáticas a encarar: inclusión social, demanda y oferta, financiamiento, y política de alquileres.

Ayer se definió un plazo de dos semanas para que estos grupos de trabajo -compuestos por diferentes actores públicos y privados- presenten a las autoridades de Vivienda las necesidades del sector y recomienden acciones a seguir.

La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, explicó que estas comisiones simplemente "asesorarán" y la definición de las viviendas que se vayan a construir o arreglar "la tomará el ministerio en acuerdo con los temas presupuestales".

"Después nos volveremos a reunir para explicar las resoluciones que se tomarán", agregó la ministra.

Muslera recalcó que el objetivo es que "las políticas de vivienda se basen en un acuerdo con todos los actores" y añadió que se parte de un posicionamiento desde los distintos sectores que es "muy bueno". Aclaró que la "reversión de la precariedad habitacional" es un proceso "que no se va a resolver en cinco años", y necesita acciones ahora.