Informe internacional crítico con Argentina por lavado de dinero

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BUENOS AIRES | LA NACIÓN / GDA

El próximo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra el lavado de dinero en la Argentina será "durísimo" e, incluso, "lapidario", según altas fuentes del gobierno, al que le criticarán la falta de decisión para investigar.

Trascendió que el informe de este organismo intergubernamental critica especialmente a la Unidad de Información Financiera (UIF, dependiente del Ministerio de Justicia), por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para intercambiar información confidencial.

La misión del GAFI que estuvo recientemente en Argentina (integrada por expertos de siete países) analiza dar un paso más en su documento: incluiría la corrupción como una de las causas que explican por qué Argentina se encuentra en su situación actual, según pudo reconstruir La Nación tras consultar a una decena de actuales y ex funcionarios, expertos internacionales e interlocutores del sector privado.

"El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse", señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva. El gobierno confía, sin embargo, en que el GAFI les dará "una oportunidad", a la luz de los cambios observados desde enero. Desde la salida de la presidenta, el vicepresidente y todo el Consejo Asesor de la UIF, y su reemplazo por José Sbattella y su equipo, así como por la aplicación de la primera sanción a un banco por omisión de denunciar operaciones sospechosas.

"Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos", indicó un alto funcionario.

El objetivo último del gobierno es evitar que el GAFI decida en su reunión plenaria de junio -a más tardar, entre octubre y noviembre- difundir el reporte junto a una "declaración pública" sobre Argentina. Eso forzaría la aplicación automática de la "recomendación 21", que sugiere a la comunidad internacional "prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente".

LÍNEA ROJA. Argentina ya flirteó dos veces con esa línea roja durante los últimos años. La primera ocurrió en la previa a la reunión plenaria de Estrasburgo, en febrero de 2007, por las demoras del Congreso en tipificar el delito de financiación del terrorismo. El gobierno pidió tiempo y en junio de aquel año aprobó esa ley.

La relación con el GAFI ya venía cargada. En febrero y junio de 2005, el Grupo le envió dos cartas al gobierno para expresar su malestar por distintos incumplimientos.

En marzo de 2008, el titular del GAFI viajó a la Argentina para pedir personalmente que aumentaran los controles locales. Y a principios de 2009, tras una tercera carta -esta vez por el polémico proyecto, luego ley, de blanqueo de capitales-, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, viajó a París para defender la posición oficial y evitó, por segunda vez, la difusión de una "declaración pública".

Ahora, la misión del GAFI que se reunió con funcionarios y líderes del sector privado a mediados de noviembre pasado, evalúa cuánto avanzó o retrocedió el país desde el anterior "informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo", aprobado en junio de 2004.

En aquel informe se señaló que Argentina no registraba ninguna condena judicial por lavado de dinero, lo que generaba "una seria preocupación". Seis años después, sigue igual.

El Congreso no había tipificado la figura penal del "autolavado". Continúa igual, aunque Sbattella promete elevar un proyecto de ley en breve.

Algunos organismos del Estado, como la AFIP, no compartían sus archivos confidenciales con la UIF, lo que el GAFI definió como una cooperación "deficiente". Sigue igual. "Argentina tiene 24 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?", ejemplificó un experto.

El personal de la UIF era, en su mayoría, de planta temporaria, lo que aumenta los riesgos de filtración de secretos y pérdida recurrente de la experiencia acumulada. Sigue igual.

La UIF mostraba, y aún muestra, retrasos notables y escasa profundidad para analizar reportes de operaciones sospechosas, por falta de los recursos técnicos y de técnicos capacitados.

La UIF carecía de "facultades de inspección" sobre bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados bajo sospecha. Sigue igual.

El gobierno, sin embargo, podrá mostrar avances en dos áreas. Por un lado, la UIF no aplicaba multas a las entidades obligadas de reportar operaciones sospechosas; pero Sbattella aplicó la primera el mes pasado. Por el otro, la misión del GAFI sugirió en 2004 "crear unidades especializadas en materia de lavados de activos" dentro del Ministerio Público Fiscal". Así lo hizo el procurador Esteban Righi.

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental para el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fue establecido en 1989 por el G-7, y en 1990 dio a conocer sus 40 recomendaciones contra el lavado de dinero. Estas fueron revisadas en 1996 y reformuladas en 2003.

El GAFI está integrado por Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, China, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.

Argentina intentará esta semana seducir a los bonistas con una generosa oferta de canje de su deuda en mora que entierre en el pasado el descalabro del "default", pero deberá después arreglar cuentas pendientes con el Club de París, señalaron economistas en Buenos Aires.

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner revelará qué porcentaje de deuda está dispuesto a reconocer sobre unos 20.000 millones de dólares de capital y unos 9.000 millones de dólares en intereses caídos desde 2005.

En aquel año, Néstor Kirchner (2003-2007) logró una adhesión de 76,15% para un canje que buscaba reparar el cataclismo provocado en 2001 por la más grande moratoria contemporánea, sobre casi US$ 100.000 millones.

Pero el resto de los bonistas, los llamados "holdouts", rechazó el plan y le entabló a la nación una feroz batalla en tribunales y foros internacionales, conflicto que la mandataria trata de dejar atrás. Argentina está cumpliendo este año con vencimientos por unos 15.000 millones de dólares, sobre una deuda global de 147.000 millones, que representa el 50% del PIB.

Una de esas cancelaciones, por 203,6 millones de dólares, la acaba de efectivizar Kirchner utilizando reservas del Banco Central, contra viento y marea, debido a la resistencia de la medida que la oposición intenta plantear en el Congreso. AFP