Jubilados y pensionistas pidieron reunión a Mujica

El Comité Ejecutivo de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) se reunió en la pasada jornada para discutir la necesidad de construir viviendas para 10.000 jubilados que cobran menos de $ 6.000 al mes.

El secretario general de la Organización, Sixto Amaro, dijo a EL PAÍS digital que le solicitaron a la Presidencia de la República, vía carta, una reunión con José Mujica para hacerle llegar al primer mandatario este reclamo. "Esperamos que la respuesta sea a la brevedad", señaló Amaro.

Además, días atrás Onajpu le pidió una reunión a la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, pero la misma aún no ha sido confirmada. "Es una prioridad que tenemos y vamos a seguir insistiendo", afirmó el dirigente.

Los jubilados y pensionistas cuentan con U$S 160.000 millones en su fondo, creado a partir de la Ley 15.900 en 1987, para la construcción de viviendas. Desde aquel año, se han levantado 5.900 casas, las cuales para Onajpu "no se corresponden con los precios que se pagaron, sobre todo en el interior".

Alegan que a julio de 2007 el fondo contaba con U$S 430.000 millones y manifiestan que hubo un manejo "desordenado" de los esos dineros, que desde 1987 a 1990 fueron administrados por el Banco Hipotecario, luego por el Ministerio de Vivienda y hace seis meses por el Banco de Previsión Social (BPS).

Amaro indicó que algunas viviendas construidas con esos U$S 270.000 millones "son de calidad, otras son estándar y otras no son para un ser humano, porque no están en condiciones".

A raíz de este tema se abrirá una investigación en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

INTRUSOS. Otro reclamo que expresan los jubilados y pensionistas es que a nivel nacional "está plagado de intrusos" que ocupan, "sin trámites previos", las viviendas de los jubilados que han fallecido o que "por hache o por be no se habitan", señaló Amaro.

Si bien Onajpu no tiene las cifras de cuántas son estas personas ajenas a esas casas, plantea que se agilicen los pasos para desalojarlas.

Amaro dijo que en "gobiernos pasados se han colocado personas a dedo en las viviendas". Además, expresó que en el departamento de Rivera "hay ediles y diputados que cuestionan esta acción" del desalojo, medida que el BPS ya ha llevado a cabo en algunos casos.

Cabe aclarar que estas viviendas vacantes ocupadas por "intrusos" son parte de aquellas 5.900 que se han construido desde 1987.