Narcos vuelan bajo en la frontera

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N. ARAÚJO Y R. ROSSELLO

La Operación Maia incautó 180 kilos de cocaína y terminó con seis procesados. Pero el caso sigue abierto. El juez de Crimen Organizado tiene la mira puesta en dos uruguayos residentes en Bolivia. Los vuelos clandestinos son constantes en la frontera.

Cinco días antes del operativo antidrogas el empleado de un establecimiento rural vio el vuelo rasante de una aeronave. "El viento que provocó me voló la boina de la cabeza, yo iba a caballo y pasó justo acompañando la cañada, por la parte más baja del suelo", describió el empleado Araújo Calvette, testigo desde campos situados a unos ocho kilómetros de Melo, por la Ruta 7 hacia Centurión.

"Asomó como que viniera de Aceguá con dirección a Río Branco", apuntó el trabajador. Según observó, el piloto intentaba ocultar sus movimientos en la orografía de elevaciones del terreno.

Muchos son los que ven casi a diario el vuelo de estas misteriosas aeronaves. "Avionetas" aunque el término no sea técnicamente correcto. En ello coincide el productor rural Hugo Rodríguez, que posee un campo sobre la Ruta 26, cercano a Río Branco. "Es habitual ver aviones volar tan bajo con dirección a Yaguarón y Río Branco", señaló.

Rodríguez dijo a El País que no se trata de aviones fumigadores, ya que esa zona no tiene ningún cultivo especial y, como en su caso, se dedica a la explotación ganadera.

Por su parte, fuentes de la Fuerza Aérea sostuvieron que es probable que estos aviones vuelen cerca del suelo -"bajo camuflaje" como se le conoce en la jerga militar- para no ser captados por los radares.

El capitán (retirado) Hugo Saravia, comentó que a estos vuelos se los conoce también como "salta alambrados", ya que sólo levantan la altura necesaria para no chocar con las copas de los árboles, y suelen seguir los cursos de quebradas, ríos, arroyos y cañadas.

La zona es monitoreada por Fuerza Aérea, desde el radar instalado en la base militar de Santa Clara.

Esta modalidad de vuelo, indicaron distintas fuentes consultadas, es aplicada cada vez más frecuentemente por los narcotraficantes con el objeto de burlar los radares. Ello se debe a que los controles carreteros y en puntos fronterizos que vienen realizando tanto la Policía como Aduanas son más estrictos, lo que ha obligado a los traficantes a perfeccionar sus técnicas de vuelo para arrojar desde el aire los cargamentos de droga.

Esa técnica, precisamente, fue la empleada por la pequeña aeronave que dejó caer los 177 kilos de cocaína, en campos cercanos a la frontera con Brasil y de los límites con el departamento de Rivera.

Sólo que esta vez la operación era silenciosamente monitoreada por la Brigada Nacional Antidrogas.

En rigor, la Operación Maia se originó en la interceptación de las llamadas desde un celular en manos de un recluso alojado en el Penal de Libertad. Se trataba de Alejandro Mauvezin Pereyra, procesado como responsable de otro cargamento de 84 kilos de cocaína descubierto en octubre de 2009 en Nueva Palmira. También en esa ocasión los investigadores antidrogas habían detectado la presencia de los narcos uruguayos residentes en Bolivia. Casi el mismo elenco, la misma red.

La cuenta por ahora incluye a dos mujeres procesadas, L.K.C.P y A.L.S.P; tres hombres, J.E.A, S.D.P. y C.M.S.C, y el restante un colombiano de iniciales R.A.P.R. Y el propio Mauvezin Pereyra.

LA RED. Todos los indicios reunidos hasta ahora señalan que la cocaína incautada proviene de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, un enclave habitual de producción de esta droga. Y allí residen dos ciudadanos uruguayos que, al menos desde el año pasado, procuran consolidar una red de narcotraficantes con proyección a Europa, destino final de la mayor parte del cargamento requisado.

El embarque fue hecho allí por la pequeña aeronave, que debió hacer escala por problemas técnicos en Paraguay durante casi una semana.

Los dos uruguayos responsables del embarque ya están plenamente identificados y el juez especializado en Crimen Organizado, Jorge Díaz, libró una orden de captura internacional con sus nombres.

Fuentes de la investigación señalaron a El País que se trata de dos hombres con antecedentes penales por narcotráfico, de los que se presume poseen múltiples contactos con las redes internacionales.

El juez Díaz prefirió no comentar algunos aspectos del caso al ser consultado. En cambio señaló que la acción de esta red responde a una tendencia que se viene dando en las organizaciones de traficantes.

"Todos los informes indican que hay un aumento de la producción en los países productores, lo que obliga a los traficantes a buscar nuevas vías de salida, un corrimiento a esta zona", explicó el magistrado.

Los investigadores del caso creen que, aunque a esta red ya se le cortaron varios "brazos" no dejará de seguir operando. De algún modo lo prueba el hecho de que la operación de tráfico era "supervisada" por un traficante desde la prisión.

POR CELULAR. No es el primer caso (ver nota aparte). Y la repetición es motivo de preocupación para el juez Jorge Díaz.

El uso de teléfonos celulares por parte de reclusos plantea un problema complejo. "Muchas veces hay un aparato por sector y lo utilizan distintos reclusos con distintos chips. Incautar un chip dentro de un establecimiento carcelario no es algo fácil: es un objeto muy pequeño que se puede esconder en cualquier lado, incluso dentro del propio cuerpo", explicó el juez.

Una solución que el propio magistrado le planteó a las autoridades anteriores del Ministerio del Interior es la utilización de bloqueos electrónicos de celulares en los penales.

No obstante, también el juez advierte que tal vez no sea esa una solución.

"Hay que ver hasta dónde no es una válvula de escape necesaria, en la situación actual que se encuentran las cárceles de nuestro país", razonó el magistrado.

El dilema, en tanto, persiste sin visos de solución.

RECIENTE. El caso más cercano que involucró a un recluso participando de acciones delictivas por celular ocurrió hace unos días, el 17 de marzo pasado cuando en Rocha se desarticuló una banda.

TRÁFICO LOCAL. En este caso, que terminó con 12 detenidos y la incautación de drogas y armas, el cabecilla era un recluso que con el apoyo externo de su padre y su hermano residente en Montevideo (y jugador de fútbol) comercializaba con marihuana y cocaína.

INVESTIGACIÓN. A la Policía de Rocha le llevó seis meses de investigación llegar a desarticular esta banda que había sentado sus bases en la pequeña ciudad de Lascano.

RECLUSO. En este caso el recluso involucrado estaba alojado en la cárcel departamental de Rocha. Había sido procesado por tráfico de drogas y se comunicaba por celular regularmente para supervisar el tráfico, contactos que comenzaron a ser discretamente vigilados por la Policía.

BOCAS. Con el operativo la Policía rochense consiguió cerrar al menos tres bocas de venta de droga, tanto en Rocha como en Montevideo.

Muy próximo a Santa Clara ya en el año 1997, habían encontrado bolsas con droga que habían sido lanzadas desde un avión. En el año 2002, en tanto, se constató otro vuelo clandestino en el territorio nacional: era una avioneta bimotor matriculada en Argentina que fue abandonada por su tripulación luego de intentar, infructuosamente, prenderla fuego.

En otra ocasión un avión con droga quedó al descubierto cuando utilizó la ruta 7 como pista de aterrizaje para descargar la droga, pero al decolar pegó un ala en el poste señalizador de la ruta, accidentándose y dejando el aparato abandonado: aún permanece en el puesto policial de Cerro de las Cuentas, cerca de donde actuó la Operación Maia.

Incluso para esa fallida maniobra había obstruido el tránsito por esa carretera, antes y después del aterrizaje, con dos camiones que simularon un problema mecánico y cortando la ruta hasta permitir la maniobra del avión.