CARACAS | AP Y AFP
El arresto del presidente de Globovisión, muy crítico con Chávez y quien fue detenido temporalmente por declaraciones que las autoridades juzgaron ofensivas, mandó una advertencia a los opositores al gobierno, que deben cuidar sus palabras.
Guillermo Zuloaga fue detenido el jueves por agentes de inteligencia militar en el aeropuerto del estado de Falcón, en el noroeste de Venezuela, cuando pretendía viajar a la isla caribeña de Bonaire para unas vacaciones, pero fue puesto en libertad horas más tarde tras comparecer en una corte.
Líderes de oposición, grupos independientes de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa, describieron el arresto como parte de la campaña del gobierno para acallar a los críticos de Chávez, pues Globovisión es el único noticiero crítico hacia el mandatario tras el cierre en 2007 del canal RCTV, alineado con la oposición, que fue sacado después también de la televisión satelital y por cable.
Zuloaga fue detenido como parte de una pesquisa sobre supuestas declaraciones "ofensivas" que hizo contra el presidente durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), efectuada el fin de semana en la isla caribeña de Aruba, afirmó la fiscal general Luisa Ortega.
En el discurso ante la SIP, Zuloaga se refirió a que Chávez "se ha dedicado a ser el presidente de un grupo de venezolanos y tratar de dividir a Venezuela por algo, como el socialismo del siglo veintiuno. Dice que es marxista; nunca fue electo con esos atributos".
También mencionó los hechos que apartaron momentáneamente del poder a Chávez en 2002, sobre los que dijo: "Nosotros estamos también en contra de lo que se realizó en aquel momento, porque si se hubiera hecho bien, quizás tuviéramos una Venezuela distinta hoy".
"No se puede hablar de libertad de expresión de verdad cuando un gobierno que utiliza su fuerza para reprimir medios, para cerrar medios como un Radio Caracas Televisión después de 53 años en el aire... no se puede hablar de libertad de expresión cuando hay más de 2.000 cadenas, algo así, que suman más de 60 días continuos. Un presidente de la República utilizando la fuerza que tiene y la autoridad que tiene para manipular la opinión pública y para tratar de imponer una manera de pensar", expresó Zuloaga ante la SIP.
La Fiscalía General dijo en un comunicado que se investiga a Zuloaga bajo el cargo de violar una ley que prohíbe a los venezolanos la difusión de información falsa que cause el pánico público, lo cual está penado con hasta cinco años de prisión si es finalmente declarado culpable.
Según el diputado oficialista Manuel Villalba, que solicitó al ministerio Público la apertura de este proceso, "no se puede permitir que personas valiéndose de su condición económica (...) ofendan, instiguen a delinquir y creen zozobra".
Un juez liberó a Zuloaga el mismo jueves por la noche, pero le ordenó permanecer en el país mientras continúan las investigaciones por "la supuesta comisión de los delitos de divulgación de información falsa y de ofensa o vilipendio al presidente de la República".
Chávez dijo el jueves por la noche, sin mencionar el nombre de Zuloaga, que está complacido de ver que funciona la justicia en Venezuela.
"Yo respeto la autonomía de los poderes, pero aplaudo, aplaudo por él; y tiene que llegar definitivamente el fin de la impunidad", dijo Chávez antes de partir en un viaje a Ecuador.
Ya en Ecuador expresó que "se acabó el tiempo de la impunidad... antes los ricos robaban, mataban, perseguían, chantajeaban, humillaban al pueblo, difamaban al pueblo y nadie los tocaba, ellos no tenían ley. Ahora en Venezuela somos iguales, más nada que eso, ahora somos todos iguales... no hay vacas sagradas".
Tras ser puesto en libertad, Zuloaga se presentó en los estudios de Globovisión, en donde sus empleados gritaron de júbilo y aplaudieron.
El empresario consideró un "absurdo" las acusaciones en su contra y afirmó que todos los ciudadanos tiene el derecho constitucional de expresar sus opiniones respecto de las figuras públicas, como los presidentes. Rechazó que hubiera pretendido huir del país.
El arresto de Zuloaga ocurrió tres días después de la detención del político opositor Oswaldo Álvarez Paz, por declaraciones que hizo el 8 de marzo en un programa en vivo en Globovisión, cuando afirmó que Venezuela se ha convertido en un asilo para los narcotraficantes y respaldó las alegaciones de un juez español acerca de que el gobierno venezolano ha cooperado con el grupo terrorista vasco ETA y con los rebeldes colombianos de las FARC.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense Mark Toner expresó preocupación por el arresto de Álvarez Paz, llamándolo "el ejemplo más reciente de los persistentes ataques del gobierno contra la libertad de expresión".
Eso incitó una respuesta irritada de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, se reunió con el embajador estadounidense Patrick Duddy y le presentó una protesta diplomática, condenando lo dicho por Toner y exigiendo que el gobierno estadounidense cese lo que calificó como "acciones intervencionistas".
En Washington, la organización Human Rights Watch consideró que las detenciones de Zuloaga y Álvarez Paz socavan la democracia y demandó que las autoridades venezolanas pongan fin a los procesos penales contra personas que disientan con el gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la "falta de independencia" del poder judicial en Venezuela, lo cual implica que "se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos".
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, había pedido a las autoridades venezolanas la liberación de Zuloaga, preocupado por "las repercusiones políticas" de esta situación.
"Si los voceros del podrido sistema mundial ladran significa que aquí dentro, en Venezuela, nosotros cabalgamos", aseguró Chávez, parafraseando una frase de El Quijote.
Globovisión, al que Chávez ha llamado "terrorista mediático", tiene abiertas numerosas causas administrativas en su contra y ha sido amenazada de cierre en numerosas ocasiones.
Acciones del gobierno contra las radios y canales independientes
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó tras su Asamblea en Aruba "las acciones del gobierno del presidente Hugo Chávez contra la libertad de expresión" y a favor de "eliminar" los medios de prensa independientes de Venezuela.
En una resolución de tres puntos, la SIP denunció que el gobierno de Chávez, "con un bochornoso control" de los poderes públicos, impone leyes y reglamentos que violan la Constitución con la meta de negar la libertad de expresión e información.
La SIP también denunció el intento de Chávez de restringir los contenidos por Internet y que además de las millonarias partidas gubernamentales en medios de comunicación, la nueva ley electoral establece que el Consejo Nacional Electoral contará con cinco minutos diarios en las emisoras de radio y televisión y un página al día en la prensa escrita.
El pronunciamiento de la SIP no tuvo vinculación alguna con la detención del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, sino con la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que a mediados de 2009 retiró del aire a 34 emisoras de radio, en su mayoría pertenecientes a la oposición.
En enero de 2010 el gobierno venezolano dispuso también la salida del aire del canal de televisión opositor RCTV que, si bien había sido suprimido en 2007 luego de que Chávez decidiera no renovarle su licencia, continuaba funcionando por suscripción. Esto desató una ola de protestas que culminó con la muerte de dos jóvenes.