BRASILIA | La campaña para suceder a Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia brasileña tiene un nuevo protagonista: el gobernador de San Pablo, José Serra, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña anunció que lanzará su candidatura a comienzos de abril.
Serra, que hasta ahora se había resistido a confirmar su candidatura, se presentó ayer, día de su 68° cumpleaños, en un programa de televisión. "¿En cuantos días lanzará su candidatura?", le preguntó el periodista. "A inicios de abril", confirmó Serra.
El gobernador tiene 35% de la intención de voto, según la encuesta que el instituto Ibope divulgó esta semana.
Le sigue con 30% la ministra jefe de Gobierno, Dilma Rous-seff, candidata de Lula a sucederle. Rousseff trepó 18 puntos desde diciembre en los sondeos de opinión pública.
Serra dijo no estar preocupado con el auge de la candidata del oficialismo ni con el apoyo que le da Lula. Los votantes "juzgarán, no quién fue presidente, sino quién es el candidato y quién gobernará Brasil en el futuro", dijo. Economista, Serra fue candidato presidencial en 2002, cuando perdió ante Lula. Durante el ejercicio de Fernando Herique Cardoso, Serra se desempeñó como ministro de Salud y se enfrentó a las multinacionales farmacéuticas por el tema de las patentes para hacer medicamentos genéricos. Luego fue alcalde y gobernador de San Pablo, la capital económica e industrial de Brasil.
Por otra parte, la Justicia anunció que el actual presidente, Lula da Silva, deberá pagar una suma cercana a los US$ 2.840 por hacer campaña proselitista en favor de Dilma Rousseff durante una visita a la barriada pobre de Manguinhos, en Rio de Janeiro, donde inauguró un centro deportivo el 29 de mayo del año pasado.
La ley electoral brasileña solo permite realizar actividades proselitistas a partir del 5 de julio, cuando se vence el plazo para el registro de los candidatos para las elecciones presidenciales de octubre.
Después de analizar el discurso pronunciado por el gobernante en el evento en Rio de Janeiro, el juez señaló en su decisión que "no se puede llegar a otra conclusión que la responsabilidad del primer acusado (Lula) por la práctica de propaganda electoral anticipada con la consecuente aplicación de multa". AFP, ANSA Y AP
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