Una vez más, fue necesaria una orden judicial para que pacientes enfermos de cáncer, reciban la medicación recetada. En este caso se trata de dos personas que necesitan un fármaco que cuesta $111.000 por mes. El fármaco se les negó e iniciaron una acción de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública, alegando que ellos están obligados a financiarles el tratamiento. Afortunadamente su acción tuvo éxito.
Pero es tremendo que al sufrimiento que de por sí causa la enfermedad, el gobierno agregue el padecimiento de que no puedan acceder al tratamiento que les está recomendado por razones médicas. Peor aún: no es la primera vez que el FNR tiene que ser obligado a hacer lo que por razones humanitarias debería haber hecho automáticamente.
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