BUENOS AIRES | AFP Y LA NACIÓN / GDA
La presidenta argentina se enfrascó en dura polémica con la justicia, en un enfrentamiento que involucra al Congreso donde los Kirchner avanzan en una estrategia para asegurar el pago con reservas.
Tres horas después de que la Corte Suprema exhortara mediante un comunicado "a quienes tienen responsabilidad de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio", y después de que advirtiera que "las leyes se aplican a todos por igual", la presidenta argentina Cristina Fernández respondió. "La palabra mesura tiene mucho sonido a censura; no me parece lo más apropiado", dijo.
Hace nueve días, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, la presidenta acusó a los jueces de conceder excarcelaciones a cambio de dinero y criticó su supuesta falta de independencia respecto a los poderes económicos. Tres días más tarde, en un mensaje por cadena nacional, denunció que hay jueces "alquilados" y advirtió que no cumpliría con el fallo de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, que al suspender el decreto 298/10 prohibió pagar la deuda del Estado con reservas del Banco Central.
Las expresiones de Fernández provocaron un fuerte malestar en la Justicia, hasta que este martes su órgano supremo se manifestó diciendo que "el límite de las críticas es la razonabilidad y el respeto a la garantía de independencia judicial que esta Corte está obligada a preservar como cabeza de un poder del Estado".
La presidenta contestó: "Me parece que no midió exactamente el peso específico que representa la importancia de garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos".
El enfrentamiento se agravó cuando salió a la luz que un diputado oficialista pidió averiguar la ideología y vida privada de los jueces. Durante una reunión legislativa, Alejandro Rossi propuso averiguar "qué ideología tienen, cuántos están casados entre sí, cuántos son parientes, a qué clubes van, a qué colegios asisten sus hijos".
El diputado dijo que se malinterpretó su intención, pero de todas maneras pidió perdón al Poder Judicial.
En tanto, la Iglesia presentó un "inmediato pedido de audiencia" a la presidenta, a la Corte Suprema de Justicia y a los representantes de ambas cámaras del Congreso, para entregarles el documento en el que llama a "recrear las condiciones políticas e institucionales que nos permitan superar el estado de confrontación permanente que profundiza nuestros males".
Ayer la Comisión Permanente del Episcopado, presidida por el arzobispo de Buenos Aires y presidente del episcopado, el cardenal Jorge Bergoglio, manifestó que "es necesario que los poderes del Estado, de acuerdo a su naturaleza, actúen respetando su legítima autonomía y complementándose en el servicio al bien común".
RESERVAS. Al margen de las acusaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, el oficialismo se acerca a una definición sobre el pago de la deuda externa con fondos del Banco Central.
Un senador presentó un proyecto de ley casi idéntico al del decreto que estableció el traspaso de fondos y se comprometió a darle su apoyo al oficialismo en el tema.
Con esto, la oposición no alcanzaría a tener los 37 votos que necesita para derogar el decreto, con lo que el kirchnerismo podría obtener una victoria.
En tanto, ayer se suspendió la sesión de Diputados, donde estaba previsto que se tratara el decreto de necesidad y urgencia, porque varios legisladores no asistieron al encuentro.
Los jefes de los distintos bloques afirmaron que no bajaron al recinto porque la comisión que debe elaborar el informe sobre el tema aún no se había expedido. Pero no todos opinaron de igual manera y la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a sus compañeros de otros partidos de responder a los intereses del gobierno. "No hay nada más funcional al kirchnerismo que no estar presentes para declarar nulo el DNU", denunció.
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