La Comisión de Derechos Humanos de la OEA insiste en atacar a Uruguay por la vigencia de la ley de caducidad. A los miembros de la comisión no los convence que la caducidad proceda de una ley votada por un Parlamento democrático y ratificada en dos plebiscitos realizados con un intervalo de 20 años. Esa misma comisión pertenece a una organización que hace todos los méritos para recibir a Cuba en su seno, que insiste en mirar para otro lado cuando los paramilitares de Hugo Chávez matan estudiantes en las calles venezolanas o cuando Daniel Ortega amaña las elecciones municipales. En suma, que no se nota la misma preocupación cuando se trata de otros países, algunos más grandes que Uruguay y otros con gobiernos quizás más afines a las tendencias de la comisión.
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