A.L.R.
El ombudsman de Montevideo, Fernando Rodríguez, presentó al Congreso de Intendentes una propuesta para poner fin a la "guerra de las patentes" en base de una reforma constitucional. En el documento, el defensor del vecino cuestiona el accionar de la comuna capitalina y de otras intendencias en perjuicio de los ciudadanos en general.
Rodríguez señala que las rebajas aplicadas a la patente de rodados en 2010 han sido "insuficientes" y "poco claras en relación a cuál será su impacto al final del año", por lo que "no han sido conducentes para ir terminando significativamente las situaciones de discriminación generadora de desigualdad". El ombudsman recuerda que idénticos modelos de vehículos tributan más en la capital que en otros departamentos. Y advierte que las fiscalizaciones que se vienen haciendo podrían hacer que Montevideo sea percibido por los ciudadanos del Interior como un departamento "indeseable" para circular. En este sentido, reitera que la función de los inspectores de tránsito es la seguridad vial y no la fiscalización de una eventual evasión tributaria.
Por otro lado, Rodríguez señala que "la no transferencia por parte del presupuesto nacional de recursos vinculados a la condición de Montevideo como capital del país (…) le genera a los montevideanos un costo adicional", por ejemplo en la prestación de servicios a las delegaciones diplomáticas o a todo el aparato del Estado.
PROPUESTA. Para el defensor del vecino, sólo se pondrá fin a la "guerra de las patentes" modificando el artículo 297, numeral 6, de la Constitución de la República, "a fin de que quede en el ámbito legislativo nacional el establecimiento, determinación y fijación de los procedimientos de recaudación de este impuesto de carácter uniforme para todo el territorio", reglamentándose luego por parte del Poder Ejecutivo .
PROPUESTA DE PAZ EN TIEMPOS DE GUERRA
El ombudsman propone que se adopte como base de cálculo para la fijación del impuesto de patente de rodados -de forma progresiva- el valor de mercado, según promedio del año anterior, sin impuestos y en pesos uruguayos, aplicándole una alícuota igual a la determinada para los vehículos de 2008 en adelante, de 4,5% de ese valor.
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