Mala educación

Que la educación pública uruguaya está en crisis es algo que admite hasta el más recalcitrante defensor del sistema actual. Pero mientras en el gobierno que termina se volcaron recursos a la misma para terminar con la eterna letanía de pobreza en la que ha camuflado sus fracasos, algunos tibios intentos reformistas vuelven a chocar con el muro implacable del corporativismo y el fanatismo ideológico. Dos ejemplos recientes ilustran sobre la profundidad del problema.

El primero ocurrió en Maldonado, cuando a instancias del Consejo Consultivo de Educación Terciaria se revocó la autorización para el funcionamiento del Instituto Universitario de Punta del Este (IUPE). Con esta decisión se desató un terremoto, ya que unos mil estudiantes de un día para otro se quedaron sin poder terminar sus estudios, y los títulos de otros 500 egresados pasaron al limbo. El instituto tenía además sedes en Cerro Largo, Rivera, Durazno, Treinta y Tres y Canelones. Ante este panorama terrible, de personas que tenían años de una carrera terminados y que de un día para otro les dicen que lo suyo no vale nada, las respuestas del Ministerio fueron realmente tibias.

Amparándose en los bizantinos reglamentos de nuestro sistema universitario, solo se aportaron soluciones parciales. Además se mezcló el asunto con argumentos políticos casi ridículos, como que el IUPE tenía ordenanzas internas parecidas a las de la época de la dictadura. Vale preguntarse si el "problema" detectado por el MEC de que habría una norma que fijaba el largo de las polleras, justifica dejar a cientos de alumnos en la calle. ¿No se podría haber tomado pasos más graduales? Por ejemplo intervenir el instituto durante un período para garantizar los correctivos. Aunque sea para no alimentar las sospechas de muchos estudiantes de que se trata de un nuevo paso de parte del "establishment" universitario capitalino para no permitir el surgimiento de competencia en el interior por fuera de su estricto control político.

Una sospecha que se ve reforzada con lo que ocurrió poco después en Salto. Allí, la Facultad de Medicina de la Udelar había programado un plan piloto para dictar todos los cursos de la carrera en principio a unos 60 alumnos. Como no se había conseguido presupuesto de la Universidad para comenzar el proyecto, las fuerzas vivas del departamento lo hicieron suyo, y uniendo a la intendencia, clubes sociales y gente de a pie, habían logrado el dinero suficiente y las inscripciones habían comenzado con optimismo. Basta leer los diarios del Norte del país para ver la importancia que la gente de la zona daba al proyecto.

Pero esto poco importó a los "popes" de la Udelar, que reunidos en el Consejo Directivo Central revocaron la resolución de Medicina de llevar adelante el proyecto. ¿El motivo? Que no se había pedido autorización. O sea que por un tema de formalidad burocrática, se frustra las ilusiones de decenas de jóvenes y de toda una zona del país. Hay que leer las actas de esa reunión para ver lo lejos que están los "cerebros" de la Udelar de las inquietudes de la gente. Allí proliferaron las pasadas de cuenta por asuntos anteriores y la politiquería barata. Todo adobado con una buena dosis de ideología que roza por momentos el fascismo. En el debate, uno de los consejeros llegó a sostener que "tenía un compromiso con lo que está bien y es mejor para el país", y que "no hay que temer que nuestras decisiones no sean comprendidas". Un iluminado.

Todo esto deja claro que el núcleo duro de la dirigencia universitaria pública no quiere que se descentralice la educación terciaria. Que están dispuestos a mantener el control político de la educación con puño de hierro, sin importarles los estudiantes ni el país. Un país cuyos últimos estudios en materia de desempleo revelan que se está ampliando la brecha entre la calidad que ofrece la mano de obra local y la que requiere el mundo, algo que sólo puede resolverse a través de la educación.

El presidente electo José Mujica ha dicho que una de las prioridades de su gobierno será llevar la Universidad al interior. Para eso deberá enfrentar al corporativismo que controla la Udelar, y que durante décadas ha sido funcional a la fuerza política que lo llevó al poder. Un choque como para alquilar balcones, y del que depende en buena medida el futuro del Uruguay.