La ignorancia de la ley

IGNACIO DE POSADAS

El Código Civil, dice en uno de sus primeros artículos que la ignorancia de la ley no es excusa para incumplir sus preceptos. Jamás imaginó que esa máxima debía aplicarse, antes que a nadie, a nuestros legisladores: ser ignorante (o despreocupado) no es excusa para escribir ("Hacer") o votar, cualquier cosa. El deterioro en la calidad legislativa viene desde hace tiempo, pero se vio sustancialmente agravado en este último período. Antes se podía marcar una "línea divisoria" entre los proyectos venidos del Ejecutivo y los producidos por los legisladores, en cuanto a su calidad técnica, independientemente de que uno compartiera su filosofía. En general, los provenientes del Ejecutivo presentaban un grado de elaboración y de técnica jurídica superiores.

Esa línea divisoria desapareció en este período, apareciendo proyectos desastrosos enviados por el P.E. Desastrosos en su contenido y en su técnica (incluyendo el lenguaje utilizado). A lo anterior se junta otro fenómeno novedoso: la práctica de votar de media vuelta todo lo que viene del Ejecutivo. Habiendo integrado el Poder Ejecutivo (y el Senado), me agarré no pocas calenturas con los legisladores que, por reparos serios o por pruritos, se negaban a votar los proyectos tal cual venían, pero esto es mucho peor. Los resultados están a la vista, ya no solo en una pléyade de pésimas normas, sino en el colmo del ridículo de leyes que, luego de aprobarlas, los legisladores caen en la cuenta de que no se pueden aplicar y tienen que pasar por el papelón de prorrogar su entrada en vigencia (así, entre otras, la creación de alcaldías, la reforma de la enseñanza y la ley de protección de datos).

El Parlamento ha perdido muchísimo prestigio en nuestro país, cosa por demás peligrosa. Parte de ese deterioro no es atribuible cien por ciento a los legisladores: me refiero al desfase -fenómeno mundial- entre las expectativas de la gente y la limitada capacidad de los gobiernos para satisfacerlas. A lo cual se une otro fenómeno, éste más propio de los países latinos: la creencia de que se puede mejorar la realidad y crear riqueza o virtud a golpes de ley. Pero hay factores de desprestigio que son atribuibles directamente a los legisladores y que éstos, cualesquiera sea su pelo político o renguera ideológica, tienen el deber de corregir.

Van desde un autoengaño popu, que confunde republicanismo con chabacanería (y el prestigio de una institución democrática con que sea más democrático andar mal vestido y tomar mate en el Plenario), hasta no hacer esfuerzos por estudiar e informarse, pasando por la pérdida de respeto hacia la investidura, propia y ajena, en la conducta de los debates. Muchas de esas cosas hay que aprenderlas en la casa (son de aquellas que Salamanca no presta) pero, al menos, debe hacerse un esfuerzo por cumplir dignamente la función.

Para ello, cada legislador debe tener presente por lo menos tres principios fundamentales:

1.- La vinculación entre Ley y realidad.

2.- El sentido del acto de legislar.

3.- La razón de ser del Parlamento.

1.- Hasta aproximadamente la Revolución Francesa, el vínculo entre ley y realidad era de la esencia de aquélla. Ley era, en primer lugar, la norma de la realidad y cuando el hombre pretende incorporar un mandato expreso, lo que está haciendo no es un acto volitivo, creando ex nihhilo, sino un acto de racionalidad: entender la norma ínsita en la realidad y traducirla en derecho positivo.

2.- El segundo valor básico que se ha perdido es el sentido mismo del acto de legislar. Se ha bastardisado recurriéndose a la institución de la ley para cualquier cosa y por cualquier motivo (o sin él). Así se pergeñan centenares de piezas banales. Antes de abordar algo tan trascendente como es una ley, el legislador lo primero que debe hacer es preguntarse cuál es el bien jurídico a tutelar. Tiene que haber un bien jurídico relevante, cuya situación requiere de una ley. Si no se dan esas circunstancias, no debe recurrirse al instituto.

3.- El último elemento también trascendente, que se ha deteriorado y con graves consecuencias para el nivel de vida de la población es el Parlamento. Nacido como institución fuera del Estado, del lado de los ciudadanos y con la finalidad de proteger sus derechos de los excesos del Ejecutivo, el Parlamento fue evolucionando hacia algo muy distinto. El actual Poder Legislativo es una entidad cuyo sentido ha pasado a ser el de transformar la realidad a golpes de leyes, fruto de la voluntad de sus integrantes y abandonando el deber de proteger los derechos de los ciudadanos.

Hay que volver, con humildad, a la sabiduría de la ley.