Desigualdad política

PABLO DA SILVEIRA

Uno de los pilares del régimen democrático es el concepto de igualdad política: más allá de las diferencias económicas, sociales y culturales que encontramos en la sociedad, todos somos iguales a la hora de ejercer ciudadanía.

La igualdad de voto es la aplicación más visible de esta idea. En una sociedad democrática, el voto del pobre vale lo mismo que el del rico y el voto del plebeyo vale lo mismo que el del aristócrata. Los esfuerzos por poner en práctica esta idea empezaron en la antigua Grecia y se extienden hasta hoy. La abolición del voto censitario, el sufragio femenino y la eliminación de numerosas barreras de discriminación racial y cultural fueron capítulos importantes de esa historia.

Fue una hermosa lucha, pero lo malo es que en Uruguay estamos empezando a perderla. Con la puesta en práctica de la Ley de Educación aprobada en 2008, los ciudadanos quedaremos divididos en dos castas con diferentes derechos políticos. ¿Cómo se elegirán dentro de unas semanas los nuevos miembros del Codicen? Tres de ellos serán propuestos por el Poder Ejecutivo pero necesitarán la venia de tres quintos del Senado. En la elección del titular de ese Poder y de los senadores que darán su voto hemos participado aproximadamente dos millones de electores, dedicados a las actividades más diversas. Desde luego, y como es lógico y legítimo, entre esos dos millones de ciudadanos también votaron los docentes.

Pero el Codicen no tiene tres miembros sino cinco. Y ocurre que, según la nueva ley, los dos miembros restantes serán elegidos directamente por los 30 mil docentes habilitados para hacerlo. Quiere decir que, mientras los ciudadanos de a pie habremos votado una sola vez (para elegir al presidente de la República que enviará los nombres y a los senadores que darán su venia), los docentes habrán votado dos veces: la primera para hacer lo mismo que los demás ciudadanos, y la segunda para elegir a los miembros restantes del Codicen.

Tres de los cinco miembros del Codicen estarán reflejando las preferencias de dos millones de personas. Los otros dos estarán reflejando las preferencias de treinta mil docentes que ya habrán influido en la elección de los anteriores. Pero los cinco consejeros tendrán el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Y no hay que olvidar que, desde el punto de vista de sus atribuciones, el Codicen es nuestro verdadero Ministro de Educación (aunque sea un ministro multicéfalo y sin responsabilidad parlamentaria). Las decisiones que tome ese órgano nos obligarán a todos, en la medida en que tengamos algún contacto con la enseñanza. Pero no todos habremos tenido una igual oportunidad de incidir en su composición.

El corporativismo produce inevitablemente sociedades estamentarias. Lo que importa no son los ciudadanos individualmente considerados, sino los grupos de actividad con mayor capacidad de influencia. De la mano de la nueva Ley, vamos camino a encontrarnos con lo peor de la Edad Media. Y lo más grave es que esto ya no será únicamente responsabilidad del gobierno, sino también de una oposición que parece haber abandonado su actitud inicial de rechazo.