ROMA | Los ministros de Interior y de Trabajo italianos tienen ya lista la última invención jurídica para "evaluar y garantizar" -según dicen- la voluntad de integración de los inmigrantes. Se trata del permiso de residencia por puntos, que obligará a los extranjeros a superar diversas pruebas y exámenes en dos años para residir legalmente en el país.
Lengua Italiana, Constitución y reglas cívicas, escolarización de los hijos y tener al día el pago de impuestos; si cumplen esos cuatro requisitos con una puntuación de 30 en 24 meses, los inmigrantes obtendrán el permiso de residencia. Si no, tendrán un año para recuperar. Si siguen suspendiendo, serán expulsados.
Los puntos se restarán si los aspirantes infringen el código penal del país, si no llevan a sus hijos al colegio, si no acreditan un contrato transparente de alquiler en una vivienda digna o si no han obtenido la tarjeta sanitaria de la seguridad social.
Las asociaciones de inmigrantes señalan la ironía que supone exigir a los foráneos aprenderse en unos meses una Constitución que el propio primer ministro denigra con cierta frecuencia y quiere reformar a toda costa, y han citado además las amnistías a los evasores fiscales y las expresiones secesionistas de la Liga del Norte.
La oposición recibió el anuncio con sarcasmo y la perplejidad: "Ser extranjero en Italia significa ser objeto de una escandalosa lotería social cuyos jueces hacen trampas desde la salida. Somos el país más xenófobo de Europa, felicidades a los ministros", dijo el diputado del Demócrata, Gian Claudio Bressa. EL PAÍS DE MADRID