A favor y en contra

El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos afirmó que las medidas adoptadas por los asambleístas de Gualeguaychú "perjudican a la ciudad pero a Botnia no le hacen ni cosquillas". Se refería no sólo al bloqueo del Puente Internacional General San Martín, sino también a la protesta realizada el domingo 31 por ese grupo de activistas, que incluyó una caravana náutica y una movilización con antorchas sobre el puente, dos iniciativas que se cumplieron mientras el corte de ese paso de frontera ya cumplió más de tres años, contando desde fines de 2006 con el apoyo manifiesto de dos gobiernos sucesivos de la Argentina, sin tomar en cuenta el deterioro que esas medidas han provocado en las relaciones bilaterales y en el estado de ánimo de mucha gente de la zona.

El gobernador entrerriano es kirchnerista, pero dicha afiliación no le hace perder el sentido común, la visión de largo alcance ni el enfoque realista del problema, como quedó demostrado en la entrevista que mantuvo hace dos semanas con el presidente electo del Uruguay y como quedó luego ratificado por sus sensatas declaraciones en un programa periodístico de televisión. Las advertencias del gobernador, empero, no parecen haber sido consideradas por el sector más embravecido de Gualeguaychú, a la luz del empecinamiento de esa gente por adoptar actitudes clamorosas como las del domingo pasado. Pero en un plano menos visible que esos desplantes -aunque más consistente que ellos- la recolección de firmas efectuada en aquella ciudad para oponerse al corte, ha logrado reunir 5.000 voluntades. Eso ocurre mientras los resultados de una encuesta emprendida entre esa misma población y divulgada el viernes 29 por la prensa argentina, revelan el paulatino desgaste de las medidas de lucha sostenidas largamente por los activistas.

En efecto: según el tanteo de opinión, sólo un 32,6% de los habitantes de Gualeguaychú "quiere mantener el piquete" que interrumpe la circulación entre los dos países. El 63,8% restante "prefiere otras alternativas", como las gestiones diplomáticas, las negociaciones de alto nivel o el refuerzo de controles ambientales en la zona. Otra encuesta, realizada en diciembre pero en toda la provincia de Entre Ríos, demostró que "más de seis de cada diez entrerrianos" consideraba ya en ese momento, que el corte del puente internacional "es perjudicial para la economía y la vida productiva de la región". Con respecto a las relaciones entre ambos países, "el 60,7% señala que es importante reconstruirlas", y ocho entrerrianos de cada diez cree que sería provechosa para las dos partes la agenda conjunta que se inauguró en Tacuarembó con el encuentro entre el presidente electo y el gobernador. Por algo la reciente iniciativa de este último (para establecer un diálogo con el Uruguay) cuenta con el apoyo del 60,5% de los entrevistados de Gualeguaychú.

Ninguna de estas actitudes de buena voluntad podrá sin embargo culminar sin un gesto propicio del gobierno argentino, que parece estar a la espera del fallo que la Corte Internacional de La Haya deberá emitir en meses próximos, aunque con respecto a las decisiones de ese tribunal los asambleístas de Gualeguaychú ya han opinado públicamente en términos nada tranquilizadores. Mientras el gobernador pide "un gesto de integración y madurez" a esa gente, subrayando que en sus conversaciones con el futuro presidente uruguayo "se ha comenzado a trabajar sobre alternativas para superar el conflicto", un margen de reserva absoluta se mantiene por parte de uno y otro ante la necesidad -dicen ambos- de ser "muy prudentes y responsables".

Las cifras de tales encuestas dicen la verdad sobe el estado actual de la situación, pero el grupo de los movilizados -que fue numeroso aunque ahora es más escaso- se empeña en seguir enrareciendo el vínculo entre dos países, cuando ya es visible que el impulso con que comenzaron a llevar adelante sus medidas de fuerza, ha decaído últimamente sin otro resultado que su atropello al derecho de libre circulación.