DGI niega aplicar coerción en operativo por IRPF

La Dirección General Impositiva (DGI) reafirmó que en el control que comenzó a realizar desde ayer sobre los alquileres por la temporada turística en el Este, no va a sobrepasar las potestades que tiene.

El director general de Rentas, Nelson Hernández dijo ayer a El País que el operativo -por el que se controla el pago del IRPF por las ganancias obtenidas en arrendamientos- "no va a ir más allá de las facultades que tenemos".

En la víspera, los tributaristas Juan Bonet y Leonardo Costa habían dicho a El País que "el inquilino no es ni un contribuyente ni un responsable del IRPF sobre alquileres, por ende (el Código Tributario) no habilita a la DGI a realizar dicha fiscalización en los hogares, dado que estaría afectando el uso y goce del arrendamiento por el cual el inquilino ya pagó".

Por su parte, Hernández dijo que "coincide absolutamente" con el planteo, pero que "eso no impide que vayamos (a los inmuebles) y pidamos información, como por ejemplo en calidad de qué está ocupando la vivienda".

Agregó que la DGI no va a aplicar ninguna acción coercitiva. "Si algún ocupante nos niega la entrada no tenemos facultades coercitivas para pedir que nos conteste", aclaró.

Para Costa y Bonet la DGI puede "requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la misma cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma".

El director de Rentas señaló que al ir los inspectores a los inmuebles se busca que haya "menos contratiempos" para los contribuyentes, ya que de otra manera deberían ser citados y concurrir al organismo.

Las rentas obtenidas por el alquiler de un inmueble pagan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la categoría I (rentas del capital) a una tasa del 12%. Como se puede deducir la contribución y el tributo para Primaria, la tasa efectiva es de 10,5%.

Los alquileres que en el año no sumen más de 40 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 82.440) están exonerados del pago, siempre que el titular levante el secreto bancario.

Por ello, la DGI "no va a ir al que pagó un alquiler en enero por US$ 1.000 sino al de US$ 15.000", dijo Hernández.