El Estado venezolano puede expropiar más y pagar menos. En eso consiste la reforma a la Ley de protección al consumidor aprobada el jueves en la Asamblea Nacional de Venezuela, por petición expresa del presidente Hugo Chávez, como una medida de coerción para evitar el alza de precios de productos y servicios tras la devaluación de 50% decretada el pasado 8 de enero.
El presidente venezolano ha ordenado a sus diputados redactar una ley que le permita al Ejecutivo hacer expropiaciones y ocupaciones inmediatas de empresas sin tanto trámite burocrático. Cuatro días después tuvo Chávez en sus manos la reforma a la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que le permite declarar el "interés social" de todo cuanto sea "indispensable para la población" y para la "seguridad del Estado".
Tras el anuncio de la devaluación de 50% del bolívar fuerte, la moneda local, Chávez amenazó con la confiscación a todos los comerciantes y empresarios que encarecieran los precios de sus productos. A partir de esa semana y hasta el momento, más de 1.500 comercios han sido cerrados por la Guardia Nacional. Algunos de ellos, como los hipermercados Éxito -de capital francés y colombiano-, fueron expropiados.
El plan de Chávez es incorporar a las compañías bajo control del Estado a la recién creada Corporación de Mercados Socialistas (Comerso): una megaempresa pública que administra todo tipo de negocios, desde restaurantes "socialistas", hasta concesionarios de coches. "Estamos ante una conspiración de algunos empresarios y comerciantes desestabilizadores que han aumentado los precios. Ya no se podrán burlar como hacían", dijo el diputado Mario Isea. EL PAÍS DE MADRID