Marco legal a planes sociales

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El gobierno promulgó la ley que da marco y continuidad institucional a varios programas caros para la administración de Tabaré Vázquez -Salud Bucal, Plan Ceibal, Salud Ocular- y declara de interés nacional éstas y otras iniciativas que promuevan la salud y la educación en la niñez y la adolescencia.

La norma da beneficios fiscales en IRAE e Impuesto al Patrimonio a las empresas que realicen donaciones para estas iniciativas y crea como persona jurídica de derecho público no estatal el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (CITS) para el manejo de estos programas. El organismo estará en dependencia con la Presidencia de la República y su consejo directivo estará presidido por un representante del Poder Ejecutivo de carácter rentado, un secretario general, y delegados de la ANEP, y de los ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y Economía.

Bajo la supervisión de este centro funcionarán el Programa Nacional para la Promoción de la Salud Bucal Escolar; el Programa de Educación y Prevención para la Salud Ocular; y el Programa para la Conectividad Educativa de Informática Básica (Ceibal) para el Aprendizaje en Línea y podrán sumarse a futuro otros programas de similar perfil.

También se integrará un Consejo Consultivo Honorario integrado por: el presidente del Consejo de Dirección, los directores generales de los Consejos de Educación Primaria, de Educación Técnico-Profesional, de Educación Media Básica y de Educación Media Superior; el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura; un director de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación; un director de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica, de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública; un representante de la Administración Nacional de Telecomunicaciones; un representante del LATU y un representante del Ministerio de Desarrollo Social.

El CITS se financiará con asignaciones presupuestales fijadas por ley, contraprestaciones por servicios, donaciones y legados, y aportes de privados.

La norma declara, además, que "la red inalámbrica externa e interna de inter-conexión del denominado Plan Ceibal, así como los servidores existentes en las escuelas y liceos públicos del país, son propiedad del Estado".