Durante sus inefables declaraciones a Radio Sarandí (las mismas en las que atribuyó al Himno Nacional una estrofa que, en realidad, pertenece a la Marcha a Mi Bandera), el futuro ministro de Defensa, Luis Rosadilla, anunció que en el gobierno de José Mujica las Fuerzas Armadas tendrán una misión de fundamental importancia. De acuerdo al hombre de confianza del presidente electo, las tropas serán llamadas por el primer mandatario, su comandante en jefe, para trabajar muy duro en la atención prioritaria de una "emergencia nacional".
¿Se está pensando acaso en recurrir al apoyo de los uniformados para poner freno a la creciente ola de delitos que mantiene en vilo a los uruguayos? ¿En solicitar, finalmente, el respaldo de hombres y unidades para mostrarle a los malvivientes que el Estado ha decidido salirles al cruce y garantizar el orden y la seguridad en un país en el que ya no se puede salir de vacaciones sin pensar si cuando uno regresa le habrán dejado algo?
No. Nada de eso.
¿Se estará pensando en pedir el respaldo de las Fuerzas Armadas para librar una lucha contra la droga en todos los frentes y para poner a nuestros jóvenes a salvo de ese flagelo, que amenaza a las futuras generaciones y al país todo?
Tampoco.
¿Será que el futuro ministro está pensando en poner a las Fuerzas Armadas a apoyar la lucha contra el contrabando, consciente que por la frontera siguen ingresando de contrabando prendas de vestir, cigarrillos, bebidas alcohólicas, juguetes, chocolates, artículos de informática y todo lo que no deba faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero?
Mucho menos.
De acuerdo a las manifestaciones de Rosadilla, el gobierno de Mujica ordenará a las Fuerzas Armadas poner el foco de su accionar en la atención de la emergencia nacional que supone la falta de viviendas.
El déficit habitacional será el enemigo de las Fuerzas Armadas durante los próximos cinco años.
Todos saben que, desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han puesto sus hombres y su maquinaria al servicio de todas las emergencias sociales que el país ha padecido. Las últimas inundaciones encontraron a los uniformados, como a la sociedad civil y a muchos actores privados, trabajando junto a gobiernos departamentales y ministerios en el apoyo a los damnificados.
Pero de allí a sostener que cooperar en la construcción de viviendas debe transformarse en la razón de ser de las Fuerzas Armadas hay un enorme trecho. Unos que están siempre prontos para recorrer lo que hace años sostienen que esas mismas Fuerzas Armadas no deberían existir.
El problema radica en que en este Uruguay mandar a los militares a construir casas está bien visto. Pero proponer que cooperen, sin apartarse de la ley, en el combate del delito convierte a quien lo sugiere en un golpista.
Así estamos.
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