Pablo Da Silveira

Los últimos resultados de la prueba internacional PISA confirman el desastre que ya habían anunciado las mediciones anteriores. Más del 40 por ciento de los estudiantes uruguayos están por debajo del nivel de aprendizajes que les permitiría tener mínimas oportunidades en la vida. De un total de 64 países evaluados, Uruguay quedó en el puesto 47. Esto significa un retroceso de varios puestos en relación a las ediciones anteriores.

También hemos perdido el poco vistoso título de ser los mejores del barrio. Cuando Uruguay empezó a participar de las pruebas PISA, ningún otro país latinoamericano obtenía mejores puntajes. Poco después Chile nos alcanzó, y ahora nos superó. La cosa no deja de ser irónica. La reforma educativa chilena fue durante años la gran bestia negra. Desde los sindicalistas más radicales hasta Germán Rama, todos la señalaban como el peor modelo a seguir. Y cuando se trataba de descalificar a un interlocutor, la manera rápida consistía en acusarlo (aunque fuera falso) de querer instalar en Uruguay una reforma "a la chilena". Pero ahora resulta que el sistema educativo chileno no sólo obtiene mejores resultados en términos de aprendizaje, sino que es menos desigual que el uruguayo. Es decir: si hoy estuviéramos como están los chilenos, estaríamos mejor.

Los resultados de PISA confirman algo que ya sabemos: el sistema educativo uruguayo se derrumbó. Está en estado de colapso. Toda nuestra tradición educativa, todos los recursos que hemos volcado (el gasto educativo como porcentaje del PBI aumentó casi un 40 por ciento entre 2004 y 2009), todas las palabras lindas que se han dicho ("educación, educación, educación"), no han podido impedir que hoy estemos ante un montón de ruinas. Y lo peor es que las cosas van a seguir empeorando. Los problemas de nuestra enseñanza no están en la falta de dinero ni en la ausencia de diagnósticos (¡tenemos demasiados!), sino en el gobierno del sistema y la gestión de los centros. Lo que nos paraliza es una mezcla de corporativismo y afán de control político de la que será difícil liberarnos. La Ley de Educación impuesta durante el gobierno del presidente Vázquez es el candado que nos mantendrá atados a este desastre, tal vez durante décadas.

Pero cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, apareció la frutilla sobre la torta: hace unos días se supo que las autoridades del Consejo de Educación Secundaria están discutiendo la validez de las pruebas PISA y considerando la posibilidad de sustituirlas, posiblemente en coordinación con algunos países vecinos. O sea: como no nos gusta la noticia, vamos a matar al mensajero. No importa que la prueba PISA sea la más respetada en todo el planeta por su rigor técnico y por la confiabilidad de resultados.

Lo único que importa es que nos incomoda. Y ante eso no hay mejor solución que repetir la experiencia argentina con el INDEC: construyamos un conjunto de indicadores en el que nadie crea pero que vuelva imposible toda rendición de cuentas. Si es verdad que el Consejo de Educación Secundaria está manejando esta idea, el Senado debería considerar la destitución de sus miembros.