Correa se muestra firme y vuelve la paz

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QUITO | EL PAÍS DE MADRID, EL COMERCIO / GDA, AP Y AFP

Ecuador puso fin en la madrugada del viernes a la revuelta policial que mantuvo en jaque al país. El rescate de Correa, retenido por los sublevados en un hospital, devolvió la normalidad institucional, si bien la tensión política está lejos de remitir.

El Palacio de Corondelet, sede del gobierno, amaneció ayer con el tráfico restringido una cuadra a la redonda, mientras que unos 250 militares rodeaban la instalación en pleno centro colonial. Entretanto, el presidente Rafael Correa cumplía actividades en su despacho, luego de que en la noche del jueves fuera rescatado en un operativo militar.

El Legislativo, que el jueves fue tomado por agentes sublevados, mostraba su guardia de costumbre mientras que en las calles de Quito progresivamente se normalizaba la presencia policial bajo un estado de excepción decretado el jueves por el gobierno, con miras a que los militares asuman las labores de los insubordinados.

La ciudad vivía ayer una relativa calma, mientras los comercios comenzaban a abrir parcialmente, el aeropuerto recuperaba su operativa y, lentamente, la gente se animaba a salir a la calle tras 24 horas de crisis e incertidumbre. Colombia y Perú reabrieron sus fronteras con Ecuador, que fueron cerradas ante la sublevación. En el caso colombiano, la medida respondió a "un rechazo a una situación que no puede pasar ni en Ecuador ni en cualquier país", apuntó la canciller María Ángela Holguín. Esta fue una de las tantas muestras de apoyo que Correa recibió de los países de la región y el mundo.

Durante el tiempo que permaneció retenido, Correa denunció que enfrentó un intento de golpe de Estado de la oposición y sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía afines al ex mandatario Lucio Gutiérrez, derrocado en abril de 2005. Incluso llegó a afirmar que los policías sublevados tenían intención de matarlo.

Cuarenta minutos bastaron para poner fin al asedio del presidente en el Hospital de la Policía, donde había recalado tras una accidentada reunión con los agentes sublevados en el regimiento Quito 1, que protestaban contra la decisión del Gobierno de suprimir sus incentivos salariales.

"No se trató de una legítima reclamación salarial", dijo Correa, sino de una "conspiración" que no quedará impune, dijo el mandatario tras ser liberado, tratando de ahuyentar la imagen de vulnerabilidad que ofreció durante varias horas.

Superada la crisis, rodó la primera cabeza. Fue la del comandante general de la Policía, Freddy Martínez, que renunció a su cargo en cuanto Correa fue rescatado. "Un comandante irrespetado y agredido por sus subalternos no puede quedarse al frente de ellos", dijo Martínez, que lamentó que los policías "equivocaran el camino" en sus reivindicaciones y sugirió que "posiblemente hubo infiltración de gente interesada en desestabilizar a la policía".

El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, anunció ayer que el general Patricio Franco fue designado como nuevo comandante de la policía.

El ministro de Justicia, José Serrano, afirmó en tanto que se investigarán los hechos "para determinar a los autores materiales e intelectuales de estos acontecimientos, y ellos deberán ser castigados, no solo administrativamente, sino también de forma penal".

Acerca del número de las víctimas, Jalkh precisó que "lamentablemente hemos confirmado el fallecimiento de cuatro personas: dos militares; un policía que estaba custodiando y protegiendo al presidente y el estudiante Juan Pablo Bolaños, de 24 años de edad, que se dirigió al hospital de la Policía para respaldar al presidente``. Luego se indicó que también murieron dos civiles en Guayaquil.

El ministro de Salud, David Chiriboga, precisó por su parte que las protestas dejaron 193 heridos "que fueron atendidos en los centros de salud de Quito; de ellos, 132 con lesiones leves, 43 en estado moderado, 16 pacientes graves y 6 personas en terapia intensiva``.

Rafael Correa sobrevivió al desafío más grave de su mandato, pero afronta ahora una delicada situación política, marcada por el malestar reinante no solo por sus políticas de ajuste económico, sino por un estilo de gobernar que opositores y organizaciones sociales califican de autoritario.

La revuelta policial sucedió en el momento en que el presidente se planteaba aplicar la "Muerte cruzada", un derecho constitucional que le permite disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas, con una oposición desvencijada. Con ello tendría margen de maniobra para gobernar por decreto y sacar adelante leyes conflictivas, como la del Servicio Público que provocó las protestas y suscitó el rechazo en las filas de su propio partido, Alianza País.

Los analistas hacen cábalas sobre el camino que seguirá Correa después de esta crisis: adoptará un tono más conciliador y buscará el consenso en su política de ajuste o se radicalizará, como hizo Hugo Chávez.

QUITO | AFP Y AP

Los cancilleres de los países de la Unión de Naciones Su-ramericanas (Unasur) y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) viajaron a Quito para dar "una muestra de apoyo" al presidente Rafael Correa.

A su llegada a Ecuador, el canciller uruguayo Luis Almagro destacó que Unasur y sus países miembros "apuntan al compromiso con las instituciones democráticas de cada uno de los países, y esa es la demostración que venimos a dar". También viajaron a los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman; Bolivia, David Choquehuanca, el representante del Secretario General de Unasur, Rafael Folonier y el vicecanciller de Paraguay, Jorge Lara.

La cita de los cancilleres fue consecuencia de la reunión de jefes de Estado de ayer de madrugada en Buenos Aires, donde los presidentes reclamaron juzgar y condenar a los responsables de "la asonada golpista" y advirtieron que tomarán duras represalias en caso de otro intento de quiebre institucional. En la Declaración de seis puntos condenaron "enérgicamente el intento de golpe de Estado y el posterior secuestro" de Correa.

Los líderes americanos resolvieron también adoptar en la próxima Cumbre de Unasur, que será en Guyana el 26 de noviembre, "un protocolo adicional al tratado constitutivo que establezca la cláusula democrática".

Los presidentes de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez, denunciaron, en tanto, que Estados Unidos estuvo detrás de la sublevación contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa.