Los comisarios

JAVIER GARCÍA

En pocos meses de actuación, el gobierno insiste con promover centros de poder paralelos que no son republicanos. Intentó con la idea del ministro de la Presidencia, una especie de superministro. Abandonó la misma cuando vio que la idea no caminaba.

Ahora tiene arriba de la mesa dos iniciativas más, ambas de dudosa legalidad y de peor reputación.

Esta semana convocamos a los ministros de Interior y Defensa para que explicaran los alcances del decreto que, firmado por el Consejo de Ministros, dio contenido al mal llamado Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado. Un Zar de la inteligencia que por imperio de esta norma podrá averiguar todo, de todos y sin control ninguno.

Preguntado el ministro Bonomi sobre la actividad de este señor en estos cuatro meses informó que a él le había solicitado detalles sobre dos circunstancias: la seguridad del edificio presidencial y otra que no estaba dispuesto a revelar. Es decir que hay información que los representantes del pueblo no pueden tener, pero sí un señor que actúa libre de todo límite y sin rendir cuentas de nada. El ministro de Defensa, sin remordimientos, afirmó que no conoce ni debe conocer lo que este espía plenipotenciario hace. Uno oculta y otro ignora. No creo en esto último. Nada transparente para ser legal.

Paralelo a esto se lanza la idea del "delegado presidencial". Este representante de Mujica en los departamentos está propuesto para neutralizar y saltear la función de las autoridades departamentales legítimas. Los resultados electorales del Frente Amplio en las elecciones de mayo pasado disminuyeron casi a la mitad las intendencias administradas por la coalición. La primera medida no fue la de ejercer una autocrítica sobre cuáles fueron las causas de este retroceso, sino la de intentar intervenir a los departamentos y a sus ciudadanos por haber castigado al Frente Amplio. No se preguntan qué hicieron mal sino que van por el andarivel de desconocer la soberanía local y su autonomía departamental creando un centro de poder paralelo e ilegítimo, que borra de un plumazo la jurisdicción departamental para tomar desde las oficinas de la presidencia el control de los pueblos "díscolos" del interior que no eligieron al Frente Amplio. Es una atrocidad. El presidente se enoja cuando en Florida, esta semana, el intendente Enciso se lo recuerda. A los intendentes, ediles, alcaldes y concejales los elige la gente en virtud de su realidad local e incluso cambiando el voto, como sucedió entre de octubre y mayo, para votar al mejor vecino. Y eso es la libertad del elector que esta malhadada idea quiere reprimir.

Los nacionalistas llevamos escrito el respeto a la libertad del elector y a las realidades locales en el código genético. Si las mayorías regimentadas del oficialismo se llevaran a los empujones la autonomía y la capacidad de decisión de los uruguayos para elegir sus gobernantes, para imponerlos desde el despacho presidencial, habrá que movilizarse. Será por la descentralización y la libertad electoral, sin interferencias del poder central. Nunca más justificado un referéndum si esta ley avasalladora se concreta.