El Paro registral detiene los negocios desde el 6 de agosto

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PABLO MELGAR

Los escribanos, las inmobiliarias y las automotoras están sin concretar negocios desde el 6 de agosto por la medida sindical en la Dirección de Registros. Los trabajadores no entregan información en reclamo de un aumento salarial.

Más de 15.000 transacciones comerciales de todo tipo esperan que el Ministerio de Educación y Cultura y la Asociación de Funcionarios del Registro Nacional alcancen un acuerdo.

Desde el 6 de agosto los funcionarios no entregan información sobre los movimientos de compra, venta, hipotecas, embargos y prendas de todo tipo de bienes. Los dirigentes aseguran que el Estado se olvidó de ellos y que hace dos períodos de gobierno que no tienen recuperación salarial. Los incrementos en estos 10 años fueron los correspondientes al Índice de Precios al Consumo (IPC).

"Para nosotros es una situación gravísima; no podemos trabajar. Está toda la contratación parada, no se puede concretar ningún negocio", dijo ayer a El País la vicepresidenta de la Asociación de Escribanos (AEU), Reina Gatti.

El gremio notarial se reunió con la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU). "Solo podemos firmar boletos de reserva; como los escribanos no pueden sacar la información, no se instrumenta la documentación", dijo el presidente de CIU, Gabriel Conde.

La CIU solicitará una entrevista con el ministro Ricardo Ehrlich para plantearle las dificultades por las que están atravesando, explicó Conde.

"La cosa está horrible", dijo a El País el presidente de la Asociación de Consignatarios de Marcas de Automóviles (Ascoma), Jorge West. "Todo lo que sea compra o venta está todo parado. Lo único que se puede hacer es ingresar documentación pero no están entregando información, está todo igual desde hace diez días", advirtió.

Los operadores temen que cuando finalice el conflicto se produzca una acumulación de trámites que atrase aún más la burocracia normal.

El gremio ya habilitó que cuando finalice el conflicto los funcionarios que no están dedicados a esa tarea apoyen a quienes se dedican a la expedición de información para los negocios.

Las oficinas de la Dirección de Registros, instaladas en el Edificio del Notariado, no se parecen en nada a una entidad que recauda US$ 25 millones al año. En el sexto piso, donde está el corazón de la repartición, la iluminación es por lo menos deficiente, los rayos del sol invernal dan de lleno en las oficinas vidriadas que no tienen aire acondicionado y el suelo tiene algunos agujeros.

Dos pisos más abajo, donde se atiende el público, los escribanos van a ver en qué están las solicitudes de información para poder certificar los trámites. Desde el 6 de agosto la respuesta es la misma: el sindicato resolvió que los funcionarios no entreguen la documentación. Y la medida se acata.

"Los escribanos nos quieren matar, pero no tenemos más remedio que hacer esto", afirma el dirigente Carlos Crocce desde su oficina del sexto piso.

Se apura a decir que el gremio habilitó una comisión de excepciones para atender casos urgentes. Uno de ellos es la situación de un hombre que hipotecó su casa para operar a su hijo en el exterior.

También habilitaron la documentación para la venta de terrenos pertenecientes a un hotel de Punta del Este con la que se financiará una reforma que dará trabajo a 80 obreros.

La repartición estatal ocupa a unos 500 trabajadores en todo el país que cobran un sueldo de $ 18.000, en promedio.

Los registrales definieron que la medida se prolongará hasta el 31 de agosto. No obstante, en caso de no alcanzar una solución, los funcionarios no descartan continuar con las medidas en búsqueda de un mensaje complementario que habilite sus reclamos. Si acuerdan antes llamarán a asamblea y levantarán la decisión.

Ayer por la tarde la nueva directora del Registro, Claudia Palacio, que asumió en medio del conflicto, se reunió con el ministro Ricardo Ehrlich para analizar la situación. Allí se planteó la posibilidad de generar incrementos salariales en la medida que se alcancen distintos objetivos en la gestión.

El planteo y la decisión final surgirá en el correr de esta semana cuando Ehrlich se reúna con el Ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para afinar la idea. Posteriormente será presentada a los trabajadores.

Fuentes sindicales dijeron que en un principio el planteo podría ser aceptado por los trabajadores.

La información que produce el Registro Nacional es determinante para el cruzamiento de datos de la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y las Intendencias Municipales.

Consultados los principales referentes de esos organismos, mencionaron que hasta el momento no se han generado mayores inconvenientes para la fiscalización, dado que cuentan con una importante cantidad de datos. No obstante, todos los consultados su-brayaron la importancia de la información que ofrece la Dirección de Registros.

El sector bancario es otro de los afectados por la medida ya que se requiere de la información del día para tomar prendas o hipotecas.

Cambios. Los funcionarios registrales pretenden que la repartición salga del Ministerio de Educación y Cultura. "No tenemos nada que ver con la gestión cultural de la Nación. En un momento se dijo que pasaríamos al Ministerio de la Presidencia, pero también nos interesaría para Economía y Finanzas", señaló el dirigente Carlos Crocce.

También buscan ampliar el sistema de digitalización de la información que manejan para que pueda ser consultada on-line por parte de los operadores. En tal sentido, durante el período anterior se comenzó a escanear el material histórico en los centros de digitalización de Montevideo y Durazno. La tarea, calificada como "titánica" por los funcionarios, requerirá la presencia de más personal en la función.