PABLO MELÉNDREZ / DANIEL ISGLEAS
La Justicia envió a prisión anoche al ex comandante de la Armada, Juan Fernández Maggio, y a otros dos oficiales por las "compras fantasmas". Otro marino fue enjuiciado sin prisión y un quinto fue deslindado del caso por la Fiscalía.
Por primera vez en casi 200 años de existencia de la fuerza de mar, un ex comandante fue procesado por la Justicia Penal. Juan Fernández Maggio, quien dejó la comandancia de la Armada en febrero, fue enjuiciado con prisión por la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti.
La magistrada, a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, también procesó con prisión a los oficiales en actividad Gerardo Feble (ex director de Logística) y Pablo Da Costa (quien prestaba funciones en la Dirección de Material Naval).
En cambio, enjuició bajo régimen de reclusión domiciliaria a Danilo Damonte, ex titular de la oficina de Presupuesto Naval, quien aportando información a la fiscal Ferrero, llegó a un acuerdo mediante el cual la representante del Ministerio Público lo exoneró de cumplir la prisión preventiva en un centro de reclusión.
Los cuatro oficiales fueron embargados por US$ 600.000, dinero total por el cual en 2008 en la Armada se simuló la compra de un banco de pruebas para motores y una grúa hidráulica.
Por otra parte, la fiscal Ferrero retiró ayer la solicitud de enjuiciamiento de Alberto Márquez (director del Servicio de Aprovisionamiento) que había formulado el martes, ya que una pericia caligráfica demostró que una firma suya que existe en uno de los documentos vinculados a la maniobra fue falsificada.
Ayer, a pedido de la defensa de Fernández Maggio, volvió a declarar el jefe de la Flota Naval, Manuel Burgos. Los abogados del ex comandante también solicitaron que se interrogue a los oficiales Hugo Viglietti (actual jefe interino de la Armada), Óscar Debali (ex jefe de la fuerza) y al contralmirante Alberto Caramés, quienes serán citados durante el juicio.
"NO ES CREÍBLE". Gatti y Ferrero concluyeron que el procedimiento fue "pergeñado y dirigido" por Feble y Damonte y contó con la participación de Da Costa "en la ejecución". Por eso, fueron procesados por "un delito continuado de fraude en calidad de autores". La fiscal había pedido que les fueran imputados "dos delitos de fraude", pero la jueza entendió que hubo una acción criminal sostenida en el tiempo que no se debía acotar a dos hechos.
Sin embargo, la jueza desestimó la imputación del delito de "falsificación ideológica de un documento público" en torno a Feble, ya que a su criterio la fiscal hizo referencia a varios documentos, sin especificar a cuál se refería concretamente.
En relación a Fernández Maggio, Gatti dice en su fallo que sus afirmaciones en cuanto a que no conocía las maniobras "no resultan creíbles".
En cambio, indica que son verosímiles los testimonios brindados por Feble y Damonte en cuanto a que recibían órdenes de Fernández Maggio, "aun cuando, evidentemente, por su rango, no suscribiera ninguno de los recaudos necesarios para completar el proceso de compra", señala el fallo.
Subraya que Fernández Maggio envió una nota al BHU para diferir el pago de una deuda de $ 9.000.000, bajo el falso argumento de que la fuerza tenía un presupuesto acotado.
Ese dinero se utilizó para simular las compras, por lo que Fernández Maggio "habilitó y dio inicio a la maniobra por compras ficticias". Por eso, para Gatti, "no resulta razonable ni creíble" que el ex jefe naval "se desentendiera totalmente del destino a darse a esos fondos".
El fallo indica que el manejo que los oficiales hacían del dinero, entregándose entre sí elevadas sumas sin la existencia de recibos ni cuestionamientos hacia ese proceder, demuestra "la participación consciente" de los marinos en la maniobra.
"No es así como debe manejarse el dinero del Estado y ello era por demás claro tanto para Da Costa, como Damonte y Feble, en atención a las jerarquías de sus cargos y funciones desempeñadas", dice Gatti.
Agrega que, según Feble, la simulación de las compras se hizo en parte con dinero proveniente de fondos de ONU "que luego reintegraba, con el dinero a obtenerse con las compras ficticias", sostiene el fallo.
"El dinero gastado no puede ser ligado directamente a las compras que aquí se examinan sino que podrían obedecer a otras anteriores igualmente irregulares, lo que deberá ser investigado", añade Gatti.
Remarca que "existe una diferencia" de $ 4.296.215 "cuyo destino no pudo ser aclarado por quienes lo tuvieron en su poder" porque "nadie admite haberlo recibido".
Por eso, la jueza Gatti continuará la indagatoria para determinar si los oficiales procesados -junto a otros seis que seguirán siendo investigados- se enriquecieron ilícitamente.
El Ejército "está muy bien", dijo Rosales
El Ejército "está muy bien", aclaró su jefe el general Jorge Rosales. La fuerza "no ha tenido ningún tipo de control extraordinario" sobre los recursos presupuestales de Naciones Unidas, como derivación de la situación en la Armada. Tampoco hay una investigación nueva sobre la forma de administración de los recursos, dijo Rosales.
En los momentos en que la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti dictaba el procesamiento de los marinos por fraude, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, asistía a la sede del Ejército, sobre la avenida Garibaldi, a la conmemoración de los 100 años de construcción del edificio del Comando del Ejército, a cargo del general y arquitecto Alfredo Campos.
Sobre las investigaciones en la Dirección de Sanidad Militar, Rosales no mostró preocupación porque sostuvo que es una unidad ejecutora que depende del Ministerio de Defensa y no de una fuerza en particular.
El Ejército tiene mecanismos de control interno sobre recursos que recibe, precisó Rosales.