Polémica por la clausura del caso Peirano Basso llega hoy al Senado

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El Senado buscará hoy echar algo de luz en la polémica por la derogación de un artículo de una ley de fines del siglo XIX, que dio pie para que un Tribunal de Apelaciones clausurara el proceso contra los hermanos Peirano Basso.

El tema ha desatado tal revuelo en la interna del Frente Amplio, que ayer el abogado penalista y ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, tuvo que concurrir dos veces a la sede de la coalición de izquierda a dar explicaciones: primero ante los senadores en horas de la mañana y luego a la Mesa Política al caer la tarde.

Fernández le atribuye al senador blanco Sergio Abreu ser el impulsor del proyecto de ley que derogó, en noviembre de 2008, cuatro artículos de la ley 2.230 del año 1893 sobre liquidación de sociedades anónimas. La versión de Abreu es la contraria, por eso planteará hoy en el Senado una "cuestión de fueros" y someterá su situación al juicio de sus pares.

El artículo 76 de la ley 2.230, ahora derogado, fue el que la Justicia le aplicó a los hermanos Peirano Basso para procesarlos con prisión en agosto de 2002 por el caso Banco de Montevideo. Esa norma establecía que los directores y administradores de sociedades anónimas que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley de orden público, sufrirán una pena de entre dos y cinco años de penitenciaría.

Este artículo fue derogado por la ley 18.411, presentada en el Senado en octubre de 2008 con la firma de los frenteamplistas Margarita Percovich -miembro informante- y Rafael Michelini, el colorado Isaac Alfie y Abreu. Un mes después la Cámara de Diputados sancionó esta ley, que además de derogar los artículos 42 a 44 y 76 de la ley 2.230, acortó de 180 a 10 días la entrada en vigencia de la ley 18.387 de concurso y reorganización empresarial. (ver nota en página A/9).

Las consecuencias que la derogación del artículo 76 podría traer en el caso Peirano, fue advertida por el ex diputado blanco Álvaro Lorenzo, cuando el tema llegó a la Cámara de Representantes ya con media sanción del Senado.

"Vi que estábamos eliminando un delito", relató Lorenzo ayer a El País. Aprovechando un cuarto intermedio, el ex legislador consultó a Abreu y éste le surgió que hablara con Fernández. Según Lorenzo, éste le indicó que hacía décadas que no se aplicaba el artículo 76 de la ley 2.230, y que ese delito no aplicaba en el caso de los hermanos Peirano.

Interna. El papel jugado por Fernández en este asunto motivó ayer dos reuniones en el Frente Amplio. Una con los senadores cabeza de lista y otra con la Mesa Política. En ambas el abogado penalista explicó su versión y salió respaldado, según el presidente de la coalición de izquierda, Jorge Brovetto, el único vocero oficial.

Brovetto dijo que Fernández hizo saber en su momento que si se derogaba el artículo 76 iban a existir problemas con algunas de las personas que estaban procesados por la ley 2.230.

"Cuando la ley (de concursos) se presentó por primera vez en 2006, él (Fernández) dijo `cuidado, no deroguen ese artículo`", afirmó Brovetto. "Por esa razón, en el año 2006 no quedaron libres los Peirano", agregó.

Palabra más, palabra menos, repitió lo mismo luego de la sesión de la Mesa Política.

El presidente del FA apuntó sus dardos al Poder Judicial. "No se cometió error cuando el Parlamento votó la ley. El error se cometió en el Poder Judicial, más específicamente en el Tribunal de Apelaciones" en su fallo que clausuró el expediente del caso Peirano el 29 de julio, indicó Brovetto.

El apoyo a Fernández en la Mesa Política se logró por consenso. Las bases de Canelones se abstuvieron.

En la sesión de la Mesa Política, sobrevoló un clima crítico hacia Fernández, según participantes. No es la primera vez que el abogado penalista pisa la Mesa Política para presentar descargos. Fuentes de la coalición recordaron a El País que Fernández también debió brindar explicaciones cuando dijo que no abandonaría el ejercicio de la abogacía pese a ocupar un cargo en el gobierno.

"Lo terminamos apoyando a regañadientes. La Mesa Política debe encolumnarse por temas que no se la consulta. Sólo sirve para sacar la castaña del fuego a dirigentes que toman en el gobierno decisiones personales e inconsultas", dijo a El País un delegado de uno de los grupos sin representación parlamentaria del Frente Amplio.

Otros participantes del encuentro señalaron a El País que Brovetto fue el único que hizo una defensa a ultranza de Fernández.

La mayoría de la preguntas a Fernández apuntaron a tres temas: si la derogación del artículo 76 había propiciado la liberación de los Peirano, si se les borrará los antecedentes penales, y si podrán abrir un nuevo banco en Uruguay.

Escándalo político. En un informe que dejó a la Mesa Política, Fernández dio su versión de los hechos, y respondió a estas interrogantes.

Allí, Fernández afirma que no tuvo participación alguna en la formulación de la ley de concursos y reorganización empresarial, y que ésta se elaboró "por un grupo de expertos" del Ministerio de Economía.

Relata que cuando conoció el texto del proyecto, en 2006 cuando era secretario de la Presidencia, advirtió que derogaba el artículo 76 de la ley 2230. "Esto hubiera significado un escándalo político, por sus consecuencias", ya que habría determinado la inmediata liberación de los hermanos Peirano Basso, entonces en prisión por el delito tipificado por esa norma. Fernández cuenta que advirtió de la situación al entonces ministro Danilo Astori, y que se corrió el texto original manteniendo vigente el artículo 76 de la ley 2.230.

Agrega que "resulta obvio" que si hubiera quiero "pergeñar alguna maniobra o engañar a los legisladores (…) hubiera bastado con callarme la boca".

Luego relata que en los dos años que demoró el Parlamento en sancionar la nueva ley de concursos, los hermanos Peirano Basso fueron excarcelados (2007), y la Fiscalía promovió la acusación ya no por el delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230, sino por el de insolvencia societaria fraudulenta, una figura penal más grave, tipificada por el artículo 5 de la ley 14.095.

Ya como canciller, Fernández contó que recibió a mediados de octubre de 2008 al senador Abreu, que "al despedirse" le contó que estaba por aprobarse la ley de concursos. Aquí hace la primera precisión, según su versión: "la iniciativa en referirse al tema fue de él (Abreu), no mía. En realidad, yo no tenía ni idea del trámite que llevaba el proyecto en cuestión".

Fernández niega haberle pedido como "gauchada" a Abreu que elaborara un proyecto derogando el artículo 76 de la ley 2.230, y maneja la hipótesis que fue el senador blanco que se dio cuenta de que había que derogarlo y "obró en consecuencia".

"Por ende -afirma-, si la versión que mantiene es que yo le solicité la `gauchada` de que hiciera un proyecto derogatorio, poco menos que de contrabando y de espaldas a la bancada del Frente Amplio, lo niego enfáticamente. Y la seguirán negando mis huesos desde la tumba, pateando el cajón".

"Si en cambio -agrega Fernández-, la versión final del hecho es que le dije que viera con cuidado las armonizaciones y derogaciones de normas, por las eventuales incongruencias entre lo viejo y lo nuevo, lo admito sin reparos. Fue así y eso fue todo".

Más adelante relata que "el único legislador que tuvo dudas" fue el ex diputado blanco Álvaro Lorenzo, que se dirigió al senador Abreu, a quien identificaba como autor del intelectual del proyecto, y éste le indicó que me consultara".

Por teléfono, Lorenzo le consultó a Fernández si la derogación del artículo 76 de la ley 2230 "no podía afectar la causa de los Peirano", entonces en libertad y acusados por la Fiscalía del delito de insolvencia societaria fraudulenta.

"Por tanto, le expresé por teléfono mi espontánea impresión al diputado Lorenzo, que a esa altura el dichoso art. 76 había quedado atrás y que, a mi juicio, su derogación en nada podía afectar a la causa judicial, donde ahora se imputaba un delito distinto. El coincidió conmigo en esa apreciación y, en función de ello, votó la ley derogatoria", escribió Fernández en su informe a la Mesa Política del FA.

En opinión de Fernández, como al momento de sancionarse la ley derogatoria del artículo 76 de la ley 2230, ésta disposición "ya no estaba en juego" ya que se había imputado el delito de insolvencia societaria fraudulenta, no correspondía su juicio clausurar el proceso, porque eso sería desconocer la nueva imputación.

"La clausura -afirma Fernández- no significa ni que se borren los antecedentes, ni equivale tampoco a una sentencia de absolución o de declaración de inocencia. En la plantilla de antecedentes judiciales respectiva se registra simplemente la clausura. Pero el antecedente penal queda".

En la parte final de su informe a la Mesa Política, Fernández dice que de aquí "en adelante" se excusará "de emitir toda opinión a los compañeros legisladores" del FA.

"El episodio divulgado en los medios demuestra que el riesgo de enchastre es excesivo y comprueba, además, que ninguno de los legisladores de nuestra bancada se comunicó conmigo antes de hablar con la prensa", afirma el ex secretario de la Presidencia.

El ex fiscal y catedrático penalista Miguel Langón, dijo que es "clarísimo" que cuando el Parlamento deroga un delito toda persona en prisión por ese ilícito debe ser liberada y el expediente cerrado. "No podemos por la coyuntura poner en riesgo los principios de seguridad jurídica", dijo. "El Parlamento, en el acierto o en el error derogó un delito", afirmó el catedrático. "Los legisladores no pueden decir que no conocían el efecto de su decisión; es evidente que lo supieron", dijo Langón.

El docente de Derecho Penal Gonzalo Aires, dijo que cuando se deroga o se disminuye la pena de un delito, eso "tiene que beneficiar al encausado sea quién sea". Por eso, desde el punto de vista legal, "no hay ninguna crítica" ante la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso", señaló. Aires defendió la derogación del delito por el cual fueron procesados los ex banqueros, por tratarse de un delito "contenido en una ley muy vieja no adaptada a estos tiempos", dijo el abogado.

El abogado Gustavo Salle presentó ayer un escrito en el Juzgado de Crimen Organizado para que investigue si es verosímil o no la información suministrada por el semanario Brecha acerca de que el ex ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, ordenó archivar una investigación administrativa sobre los gastos realizados en las Misiones de Paz.

Un expediente del Juzgado en Crimen Organizado analiza las cuentas en Alemania de la Armada y los recursos pagos por las Naciones Unidades por Misiones de Paz en el Congo y Haití.

A juicio de Salle, tanto el ex ministro de Defensa como el ex presidente de la República, Tabaré Vázquez, deberían concurrir a declarar al Juzgado de Crimen Organizado para explicar las razones por las cuales se archivó una investigación administrativa en el Ministerio de Defensa.

Para el abogado, se trata de "una investigación administrativa demasiado grande y que involucra un monto muy grande de dinero como para archivarla".

En 2005, Salle denunció penalmente a Fernández por ejercer la profesión de abogado mientras era el secretario de la Presidencia de la República. La Justicia decidió archivar el expediente.