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RÍO NEGRO | DANIEL ROJAS

En un estudio sobre el impacto de agroquímicos en una extensa área protegida del río Uruguay se detectaron elevadas concentraciones ligadas a mortandad de peces y abejas. El gobierno prometió implementar controles más rigurosos.

La presentación se realizó en el liceo Horacio Saravay de la localidad de Nuevo Berlín, hasta donde se trasladaron técnicos municipales, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y docentes de la Facultad de Veterinaria.

Pero dos días antes de realizarse el seminario, el director general de Servicios Agrícolas del MGAP, Inocencio Bertoni, se trasladó a Nuevo Berlín.

Bertoni reconoció la problemática y se comprometió a revisar la normativa vigente e implementar mecanismos que minimicen los efectos del mal uso de agroquímicos.

"Indudablemente tenemos enormes dificultades para compatibilizar la producciones apícola y agrícola, producto de la intensificación de esta ultima", expresó Bertoni.

Informó que en Uruguay "más del 70% de las aplicaciones se hacen por empresas contratistas registradas", y reconoció las dificultades de contralor que existen en un país que cuenta con 1.300.000 hectáreas de agricultura de secano, más 200.000 hectáreas de arroz.

"Hay que ajustar los mecanismos de contralor, poniéndole mayor tecnología", y explicó que en este tipo de situaciones intervienen "más de una dependencia del ministerio".

Entre las primeras líneas de acción, estableció que se pidió colaboración a las intendencias para que actúen como "ventanilla" de la comunidad con el ministerio, a la hora de recibir denuncias o inquietudes.

"Me voy con el compromiso de trabajar en un protocolo que sea claro tanto para la intendencia como para los productores", aseguró el jerarca.

EL INFORME. La ONG Vida Silvestre, desarrolla desde abril de 2009, un estudio sobre la presencia y concentración de plaguicidas en suelo, peces y producción apícola en la cuenca de influencia del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

El área ubicada entre Nuevo Berlín y San Javier, fue incorporada en 2008, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este proyecto fue financiado por el Programa de Fondos para Ecosistemas del Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y ejecutado con apoyo de investigadores de las Facultades de Ciencias y Química de la Udelar y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

A nivel local contó con el apoyo de docentes liceales y un fuerte compromiso de pescadores y apicultores, los que se han visto seriamente afectados en el último año y medio.

Se evaluaron las concentraciones de plaguicidas típicamente aplicados en los cultivos de secano y plantaciones forestales, encontradas en productos apícolas, como miel y cera; en peces de interés comercial y de consumo local.

Abarcaron suelos, sedimento de arroyos y agua, tanto dentro del área protegida como en zonas agrícolas y forestales en su cuenca. También se analizaron muestras de abejas y peces al constatarse mortandades generalizadas.

La bióloga Mariana Ríos explicó que el sitio estudiado es "de interés mundial, por los múltiples valores de conservación que posee".

Explicó que plaguicidas persistentes que están prohibidos en muchos países, "están apareciendo en peces de interés comercial -que consume la propia población- y estaría afectando la producción apícola, algo que se evidencia en la mortandad que se observa en todo el litoral oeste".

La investigación abarcó eventos agudos de intoxicación, pero además el efecto crónico de la acumulación de plaguicidas en peces y suelos.

"Nos preocupa principalmente la presencia de endosulfán, un compuesto órgano clorado que se ha prohibido en cincuenta países e incluso la Organización Mundial de la Salud, lo incluyó en la denominada `docena sucia`", informó.

La experta consideró que se trata de un compuesto "que si lo dejamos ingresar necesita un plan de manejo estricto desde que entra al país, hasta la forma en cómo se aplica". Si bien reconoció que en Uruguay "las restricciones son mayores a la que había antes, fallan los controles" del Estado.

PECES. De las ocho especies de peces más consumidas localmente y de mayor interés comercial, se encontraron restos de Endosulfán en tararira, bagre amarillo, sábalo y boga.

El pescador Carlos Miguele, se mostró profundamente preocupado por su futuro y el de otros 100 pescadores de la localidad.

"Esto es muy alarmante. En Berlín, muchas familias vivimos de la captura de peces y si el pescado que consumimos está contaminado, nos preguntamos: ¿Ahora qué comemos?", planteó.

Miguele considera que esta investigación establece "el antes y después de la pesca en la zona, porque si seguimos consumiendo pescado contaminado a la larga vamos a sentir los efectos" y reclamó "mayor injerencia" de las autoridades "porque evidentemente hay algo en el suelo y en la tierra que no está siendo controlado".

El profesor Daniel Carnevia, de la Facultad de Veterinaria, explicó que el fenómeno que se presenta desde el mes de julio, respecto a la mortandad de peces, en toda la cuenca del río Uruguay, inclusive en otros cursos como el río Negro y el Santa Lucía, "puede atribuirse por datos preliminares a un tema de baja temperatura en las aguas, porque sobre todo este invierno fue un poco más frío".

Alejandro Arcelus, secretario técnico de CARU, disertó sobre "cómo proceder en caso de mortandades masivas de peces", agregó que se vieron afectados "una cantidad de peces juveniles que en lugar de emigrar aguas arriba, se quedaron en esta área y padecieron el fenómeno un poco más grande que lo normal".

Para la bióloga Mariana Ríos, es imprescindible la búsqueda de toxinas en el río. "Sabemos que Dinara está haciendo análisis de agua, buscando diferentes toxinas. El frío potencia el efecto que pueda tener cualquier toxina en el agua. Creemos que las causas de la mortandad son complejas y el frío puede ser una, que estaría potenciando otras. Los peces ven afectados su metabolismo y el sistema inmune, pero no creemos que sea una respuesta simple", apuntó.

Más de 10 vacas murieron intoxicadas en San Jorge, 90 kilómetros al este de Durazno. Los animales cayeron al suelo pataleando y asfixiados, dijeron varios testigos que denunciaron la situación al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. El director departamental, José Luis Queirolo, confirmó que la muerte de los vacunos se debió a intoxicación, tras los análisis practicados en el laboratorio Miguel C. Rubino, luego de que funcionarios del ministerio mandaran a analizar órganos de los animales afectados. También tomaron muestras de agua del lugar. Al parecer el problema se originó cuando una avioneta que realizó fumigaciones en campos linderos, aterrizó para realizar alguna operación (cargar combustible o abastecerse del insumo) diseminando en el suelo un material químico usado para eliminar malezas, que junto al pasto del lugar habría sido ingerido por las vacas.

En el capítulo referido a la mortandad de abejas, se informó sobre la realización de un monitoreo participativo, para el que se tomaron datos de mortandades mensuales en ocho apiarios ubicados en predios forestales, cultivos agrícolas y ambientes naturales en el área protegida y su zona de influencia.

En el monitoreo realizado por los propios apicultores, se evaluaron diferencias en la mortalidad basal o crónica, asociadas a diferentes usos de suelo y variaciones temporales asociadas al ciclo del cultivo de soja.

La ONG Vida Silvestre y el cuerpo docente local, informaron que se constató la presencia de plaguicidas en suelos de ambientes naturales (incluso dentro del área protegida), así como altos niveles de Glifosato en suelos forestales donde no se aplicaba pesticidas desde hace al menos tres años.

También se constató alta concentración de Endosulfán en sedimento de cañadas. El resumen del estudio fue categórico al establecer que los insecticidas utilizados en los sistemas agrícolas estudiados, "tiene un elevado impacto sobre la apicultura, generando entre otras cosas, una clara disminución de la producción de miel". También se documentaron "altas concentraciones de plaguicidas en peces y abejas colectados durante mortandades masivas y se constató la persistencia de insecticidas y herbicidas en suelos productivos tiempo después de su aplicación ". Denunciaron que la normativa sobre plaguicidas "está poco desarrollada, presenta grandes vacíos y está poco sustentada en experiencias internacionales".