Cese de contratos afecta a 1.200 trabajadores en seis intendencias

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RED DE CORRESPONSALES

El cese de 93 funcionarios contratados en la Intendencia de Artigas, que entra hoy en vigencia, eleva casi a 1.200 los vínculos laborales que quedaron sin efecto en cinco departamentos.

En Artigas, la oposición blanca y colorada criticó la decisión de la flamante intendenta Patricia Ayala de no renovar los contratos a 93 funcionarios, que vencieron el 31 de julio, y la anunciada rescisión de otros 115 a partir del 31 de agosto.

María Moraes, directora de Recursos Humanos, explicó que "simplemente no se renovaron" los contratos, y descartó que se trate "de persecución" a trabajadores que ingresaron en la administración nacionalista. La jerarca prometió que, en el futuro, "las contrataciones serán por concurso, si es necesaria idoneidad, o en su defecto, por sorteo".

El pasado viernes, blancos y colorados presentaron una moción, para que "la intendente revise (los contratos) caso a caso", pero los ediles del frente "la desecharon" afirmó Rodolfo Riani, del Partido Colorado.

Riani señaló a El País que "el Frente cesa a funcionarios, aduciendo que no es ético porque fueron contratados en año electoral", pero -añadió- "esa ética, que deja a familias artiguenses en la calle, no la contemplan de la misma manera en el caso de Paysandú; ni tampoco en Salto, donde el Frente contrató funcionarios aun después del acto eleccionario".

La medida en Artigas, según la Intendencia, obedece a que hay 1.609 funcionarios, "300 más de lo tolerable financieramente".

A Riani, en cambio, le consta que "el gobierno anterior dejó 96 millones de pesos en las arcas municipales", por lo cual no ve apremios financieros.

Por su parte, el edil nacionalista Juan Carlos de León admitió que hubo contratación en período electoral, pero criticó que el actual secretario general de la comuna, "que defendía a los trabajadores antes, cuando era dirigente de Sutel, ahora es el verdugo de los que menos tienen: firmó los ceses y hará lo mismo el mes que viene".

PAYSANDÚ. Al igual que en Artigas, la Intendencia sanducera -que también cambió de signo político- no renovó los contratos a 310 personas que trabajaban en régimen de eventuales, y a otras 85 que lo hacían bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, y cuyo término se cumplió el viernes. Bertil Bentos anunció que otros 307 contratos por función pública, que también vencían el viernes, fueron extendidos por un mes, y una comisión deberá definir si continúan su vinculación.

Bentos estima que la no renovación de estos contratos impactará positivamente en las arcas municipales con un ahorro mensual de $ 3,5 millones.

Aquí fue el Frente Amplio el que mostró su "preocupación" por la suerte de los trabajadores cesados.

Por otra parte, el intendente aseguró que el número de funcionarios que han ingresado alcanza a 208 y que todos son "cargos de confianza".

SALTO. Distinto ha sido el caso de Salto, donde el nuevo intendente colorado, Germán Coutinho, se encontró al asumir que unos 400 funcionarios, que habían ingresado a partir de 2005, fueron ascendidos (en algunos casos hasta 5 grados) antes de que la administración frentista entregara el mandato.

En 2005, había 1.240 municipales, afirmó Coutinho, entre presupuestados y contratados permanentes. La última cifra oficial indica que la Intendencia tiene 1.717 empleados.

Esta circunstancia ha inquietado a Coutinho por las consecuencias económicas que tendrá el incremento de remuneraciones salariales en la nueva administración y por la conflictividad laboral que implica.

BLANCOS. En tres intendencias donde el Partido Nacional renovó mandato -Durazno, Cerro Largo y Tacuarembó- también se produjeron

El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, cesó a 140 funcionarios que habían comenzado a trabajar durante el período de gobierno de Julio Cardozo.

Sergio Botana, de Cerro Largo, confirmó que fueron cesadas 126 personas contratadas en período electoral.

En Durazno, el intendente Benjamín Irazabal dejó sin efecto unos 300 contratos individuales, de empresas, asesores y cargos de confianza, aunque a partir de esta semana comenzará un reintegro paulatino que no fue cuantificado.

En Treinta y Tres, según el director de Administración, Fernando Cuello, se eliminaron 23 contratos.

El sindicato señala que han sido 37, de los cuales cuatro corresponden a Vergara, uno a Charqueada y el resto a la ciudad de Treinta y Tres.

En el caso de los ingresos Cuello indicó que se han incorporado 44 funcionarios: 38 personas en cargos de confianza y las otras 6 en diferentes tareas.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Servicio Civil, había en diciembre pasado 1.508 personas contratadas en los gobiernos departamentales, pero la actual "barrida" en las intendencias afectó, en su mayor parte, a contratos que se efectuaron en período electoral y no están registrados en esas estadísticas oficiales.

El acuerdo de asistencia alcanzado por las intendencias con el gobierno nacional, cuyos incentivos están supeditados a la firma de un "compromiso de gestión", tuvo desigual recepción entre los jefes comunales.

Según ese acuerdo, cuyos detalles fueron anunciados de forma oficial ayer por el director de OPP, Gabriel Frugoni, existirán tres formas de financiación a las que podrán acceder las comunas.

Por un lado se otorgará el 3,33% de todos los ingresos estatales, aunque a partir de ahora se introducirá una modificación. De ese porcentaje, el 2,90% está asegurado y se repartirá entre todas las comunas; el resto que completa 3,33% lo obtendrán las intendencias que cumplan con una serie de requisitos, como estar al día con los entes del Estados (UTE, OSE, Antel).

La segunda forma de financiación será por medio del Fondo de Desarrollo para el Interior (FDI), que se elevará a $ 750 millones por año. En la pasada administración este fondo anual estaba conformado por $ 550 millones.

La tercera vía de financiamiento será la referente a las 89 alcaldías de todo el país a las cuales el gobierno destinará un total de $ 560.000 anuales a cada una para su funcionamiento.

La Intendencia Municipal de Montevideo va a recibir $160 millones anuales más que los que reciben las demás comunas.

El Intendente de Rocha, Artigas Barrios, valoró positivamente el acuerdo. Destacó la consolidación de algunas partidas (alumbrado público y caminería forestal) que hasta el momento eran temporales, y el incremento del 50% en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

También el jefe comunal de Salto calificó favorablemente el presupuesto acordado, y estimó "correcta" la modificación que vincula el aporte adicional al cumplimiento de ciertas metas

Guillermo Besozzi (Soriano) se mostró menos entusiasmado y señaló que existen otros temas que no fueron atendidos.

Por su parte, el presidente del Congreso de Intendentes dijo que el acuerdo le dejó "gusto a poco", ya que los departamentos tuvieron que resignar la mayoría de sus pretensiones".