Washington Beltrán Storace
No hay la menor duda que las islas Malvinas son argentinas. El día que el gobierno británico reconozca las sinrazones de su ocupación basada en la fuerza y con desprecio del derecho, la Argentina recuperará la soberanía sobre parte de su territorio que actualmente se le niega. Pero no lo hará si el gobierno de su Majestad hiciera su entrega bajo condición de reserva del derecho de control y vigilancia sobre lo que la Argentina hace en ellas: la soberanía compartida es la ausencia de soberanía, no se sabe quién manda ni a quién pertenece exactamente un territorio.
Mucho más clara es la situación de la ciudad de Fray Bentos y todo lo que allí existe. De hecho y de pleno derecho es territorio uruguayo. La soberanía allí es exclusiva de nuestro país, por lo que no corresponde aceptar el control o vigilancia de nadie sobre lo que ocurre y lo que se hace, salvo que se le imputen violaciones a normas de carácter internacional.
La lógica indicaría que algo tan simple y esencial para la vida de un país no podría ser nunca tema de debate y mucho menos de dudas. Pero lamentablemente no es así. Argentina quiere intervenir en la planta de celulosa ubicada en territorio nacional, controlar su proceso de producción, sin más derecho que el que surge de su posición de fuerza, de vecino poderoso. Fracasado su intento de un fallo favorable en la Corte Internacional de La Haya sobre una eventual contaminación del río, ahora busca apartarse de lo que dice la sentencia y presiona, no para la relocalización de la planta sino para obstruir su proceso de producción. ¿Hay acaso algún otro motivo a la desmedida exigencia de control interno en UPM? Si las aguas del río no reciben contaminación alguna de la planta, si no suponen riesgo para nadie, ¿por qué quieren controlar desde adentro el proceso de producción?
No encuentro ninguna explicación lógica a ese planteo. Los elementos de interpretación que existen hasta ahora dicen que se trata de un simple capricho, que derrotado el reclamo argentino en el terreno jurídico se busca seguir ensuciando el tema, sembrando sospechas, poniendo trabas, cuando lo que corresponde es solo el cumplimiento del fallo internacional.
El nuevo canciller argentino, Héctor Timerman hizo llegar al gobierno uruguayo una nueva propuesta para cerrar este capítulo de una historia que lleva varios años. Por muy lindo que sea el disfraz que lo adorna, la realidad parece apuntar a que la Casa Rosada no se limita a acatar la decisión de la Corte, sino que quiere agregarle algo más de su propia cosecha. Por algo se ha soslayado en las declaraciones públicas el tema del monitoreo interno de la planta. Y eso significa que Argentina lo exige. No es de recibo el argumento que para solucionar definitivamente el problema "todos (léase Uruguay) deberán ceder algo". ¿Por qué en lugar de hablar de "ceder algo" no se cumple lisa y llanamente con lo dispuesto en la sentencia de La Haya? ¿Para qué se recurrió a ella si al fin y al cabo sólo se trataba de "ceder" algo y todo se arreglaba?
Tampoco estoy de acuerdo con invitar a Brasil para realizar este monitoreo como planteó en su momento el presidente Mujica. Está bien que el río Uruguay nace en territorio brasileño, pero en este momento (mientras no exista un bloque monolítico entre Argentina y Uruguay) me parece más sabia la posición de la Casa Rosada de dejar a Brasil afuera de la conversación.
Los brasileños tienen origen portugués y de ellos heredaron una formidable diplomacia que hoy ejercen a través de Itamaraty y son una potencia mundial. Solo un ejemplo: el Tratado de Tordesillas (1494) reconoció a Portugal derechos en el nuevo continente (nunca se supo bien porqué), aunque sólo en el área comprendida -a través de una línea imaginaria- entre lo que podría ser el este de la actual ciudad de San Pablo y el Atlántico. Pero rápidamente se fue extendiendo a lo largo y ancho de la región y en la misma línea continuó luego el imperio brasileño. Resultado: de 18 millones de kilómetros cuadrados que tiene América del Sur, unos 8 millones son de Brasil.
Brasil no es un vecino desinteresado. Lo demostró a lo largo de este conflicto con Argentina donde fue más indiferente que un marciano. Si acepta ahora la invitación, como parece que está dispuesto a hacerlo, es porque su matemática diplomática ha visto una ecuación favorable. Y la contracara sería que ella es poco conveniente para los países rioplatenses.
La solución a todo esto es aplicar el fallo de La Haya: monitoreo conjunto en todo el río por la CARU y, si se detecta algo anormal, buscar las causas. Lo demás, está de más y se puede hacer más adelante.
PD. Hoy, ante Alemania, juntos en el grito de ¡vamo` arriba Argentina!