Mujica estudia un informe sobre ahorros en Antel

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DANIEL ISGLEAS

El presidente José Mujica estudia un informe elaborado independientemente sobre los eventuales ahorros en Antel a causa de la contratación directa de Martín Fabregat, sobrino del Secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, e hijo de la ex presidenta de Canal 5, Sonia Breccia, como asesor en comunicaciones del organismo. En tanto, el Tribunal de Cuentas aún espera que Antel le envíe el segundo contrato hecho a Fabregat, solicitado hace una semana, para poder expedirse sobre la legalidad de ese vínculo laboral.

El presidente solicitó un informe externo a Antel para confirmar si es verdad que el ente ahorró US$ 400.000 con la llegada de Fabregat, tal cual se le informó al mandatario para justificar la contratación dispuesta por la presidenta del organismo Carolina Cosse.

El informe está en manos del presidente. Ni bien la contratación de Fabregat derivó en una polémica, Mujica respaldó la incorporación de esta persona sin llamado a concurso, lo cual fue resuelto a fines de mayo por el Directorio de Antel. No obstante, pidió un informe ampliatorio sobre los motivos que fundaban la decisión.

El 8 de este mes, Antel envió al Tribunal de Cuentas solo uno de los dos contratos que extendió a Fabregat. El organismo de contralor se reunió días más tarde y decidió, en base al consejo de los servicios técnicos, que no podía expedirse sobre la legalidad del vínculo laboral sin analizar ambos contratos, por lo cual solicitó hace ya una semana a Antel el envío de la información faltante. La misma aún no fue enviada al organismo de contralor, dijeron a El País fuentes del mismo.

OTRa contratación. Tras la polémica que se generó con el caso Fabregat, el presidente Mujica apoyó la contratación como asesora en comunicaciones para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a la periodista Lucila Carvajal, también sin llamado a concurso, y con un sueldo mensual de $ 47.000 y a pesar de que el Tribunal de Cuentas observara el gasto.

La página web de la Presidencia informó que el Ministerio siguió adelante con esa contratación pese a la objeción del contador delegado del Tribunal en el Mvotma, quien invocó el artículo 211 de la Constitución que obliga a dar intervención al controlador antes de ejecutar el gasto. El Ministerio lo reiteró y así lo comunicó al Tribunal de Cuentas. La resolución lleva las firmas del presidente Mujica y la ministra de Vivienda, Graciela Muslera.