Cinco marinos a prisión por coimas; investigan contrabando y narcotráfico

SALTO | LUIS PÉREZ

La decisión de la jueza Marcela Vargas llegó esta madrugada, sobre las cinco de la mañana, tras una agotadora instancia que demandó 20 horas seguidas de actuaciones en la sede judicial. La investigación se inició con un procedimiento de la Dirección de Investigaciones de la Policía salteña.

Dos de los marinos fueron enviados a prisión por un delito de concusión en calidad de autores y los otros tres por el mismo delito en calidad de coautores. Los procesamientos llegaron cuatro horas antes de expirar las 48 horas de la detención de los efectivos del Ministerio de Defensa, que cumplían tareas en la Prefectura del Puerta de Salto.

Otros dos marineros que también estaban detenidos recuperaron su libertad, al igual que seis pescadores.

INVESTIGACIÓN. El caso ha tenido gran repercusión en la opinión pública y en esferas del gobierno por los delitos que cometían los marinos. También se ha destacado el éxito del procedimiento que dejó al descubierto esta organización colectiva.

Las averiguaciones continuarán tanto en la órbita donde comenzó como con actuaciones administrativas que se iniciarán en la propia Prefectura que deberá aclarar otros hechos que se habrían cometido y que complicaría aún más la situación de los ahora marinos procesados.

El operativo, que llevó a la detención de 13 personas, se inició el pasado sábado en horas de la mañana cuando un sub oficial y otro marino de menor rango concurrieron a la zona del Martín José, próximo a la represa de Salto Grande y en las costas del río Uruguay, vistiendo su uniforme a cobrar un dinero que a diario recibían a cambio de autorizar la pesca en espacios de exclusión por razones de seguridad que está a cargo de la propia Prefectura vigilar y aún en épocas de veda que rige por decreto.

La tarea de inteligencia montada en los últimos días por la Policía apunta a terminar con las bandas organizadas que trafican con el contrabando de ropa y droga desde Argentina. Los investigadores tienen la certeza de que los productos ingresan con la complicidad de funcionarios de aquellos mismos organismos responsables de reprimirlos.