Antimafia: 12 "colaboradores" dieron información a la Justicia

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PABLO MELÉNDREZ

Los jueces "antimafia" cuentan con 12 colaboradores que, a cambio de recibir una pena menos severa, aceptaron entregar información a la Justicia. En su mayoría, se trata de causas vinculadas al narcotráfico y lavado de activos.

La posibilidad de que personas que hayan actuado en grupos delictivos brinden información a la Justicia, es una de las principales novedades de una ley de 2008 que actualizó la normativa sobre "Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo".

El artículo 6° de la ley, prevé la figura del "colaborador" quien podrá, en cualquier etapa del proceso, llegar a un acuerdo con el fiscal del caso para brindar información sobre otros miembros de la organización o detalles de la operativa, y así lograr "la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo".

Incluso, la ley, que prevé su aplicación para los delitos de competencia de los juzgados Especializados de Crimen Organizado, habilita a los fiscales a no pedir el procesamiento de un delincuente que llegue a un acuerdo de este tipo.

Actualmente, en los dos juzgados "antimafia", a cargo de los jueces Graciela Gatti y Jorge Díaz, existen unos 12 "colaboradores" que pactaron con los fiscales intervinientes, tal como lo prevé la ley.

Los "colaboradores" han sido procesados "con y sin prisión, pero siempre se los ha enjuiciado. Todavía no se ha dado un caso en el que la Fiscalía no pida su procesamiento", manifestó Gatti a El País sobre los casos que tramita y en los cuales se ha aplicado esta figura. Son "casi siempre" investigaciones por tráfico de drogas, señaló la magistrada.

Al igual que Gatti, los casos que tiene el juez Díaz en su sede y en los cuales se utilizó la modalidad del "colaborador", ninguno de ellos "implicó el no procesamiento de quien aceptó dar información, sino que acordó una sanción más leve o mejores condiciones de reclusión, como protección especial en el centro penitenciario", expresó el juez en diálogo con El País.

"La realidad es que es una figura que se utiliza bastante, pero no se puede aplicar en cualquier circunstancia. Es una modalidad que debe usarse con cuidado", explicó Gatti.

La figura del "colaborador" cobró notoriedad cuando en noviembre de 2009 tomó estado público su utilización en la investigación que derivó en el procesamiento con prisión del abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro, acusado por su vinculación con maniobras de "lavado de activos" de un grupo de narcotraficantes.

Además del "colaborador", la legislación prevé otro particular método de investigación: el "agente encubierto" que permite la infiltración de un policía en un red delictiva. Se trata de una figura que, por el momento, no ha sido aplicada, según coincidieron Gatti y Díaz.

Los magistrados señalaron que el método de investigación que se utiliza con más frecuencia es la denominada "vigilancia electrónica", que implica la realización de escuchas de las llamadas telefónicas de los indagados y también la interceptación de correos electrónicos y mensajes de texto que reciben en sus teléfonos celulares.

complejidad. Los juzgados especializados en crimen organizado están operativos desde el 1° de enero de 2009, tras haber sido creados por el gobierno de Tabaré Vázquez, en la Rendición de Cuentas de 2008.

Por el momento, el volumen de trabajo de las sedes no representa un problema para los jueces: en 2009 hubo 147 procesados, y en total se iniciaron 486 expedientes, según las estadísticas de los juzgados, que tienen competencia en todo el país para casos de "lavado de activos", "terrorismo" y "tráfico de armas".

Además, tienen jurisdicción en Montevideo y Canelones para investigaciones por delitos cometidos por grupos criminales organizados y redes de narcotráfico, entre otros ilícitos.

"El problema que estamos empezando a tener es la cantidad de expedientes que, en número no es mucho, pero sí su volumen y complejidad", expresó el magistrado Díaz.

En tal sentido, el juez indicó que en los próximos días evaluará con su colega Gatti posibles propuestas para presentar a la Suprema Corte de Justicia, con el objetivo de mejorar algunos aspectos del funcionamiento de estos juzgados, que cuentan solamente con 14 funcionarios y dos actuarios.

"Por ahora podemos trabajar normalmente porque tenemos relativamente pocos expedientes, pero en la medida que se sumen más casos, esto puede cambiar", alertó el juez.

Según la visión Díaz, "se debe apuntar a tener una mejor organización" en las sedes. A juicio del magistrado, hay que tomar medidas para "prevenir" que los juzgados especializados en crimen organizado no sufran el colapso general del sistema penal.

Como ejemplo, Díaz dijo que existe una "vieja idea" de dotar a las sedes de secretarios letrados como existen en los juzgados Civiles o en los Tribunales de Apelaciones.

El objetivo es que puedan colaborar con los jueces a nivel técnico, ya que los actuarios -que normalmente son escribanos- tienen a su cargo la organización administrativa de los juzgados.

"Para que los juzgados tengan secretarios letrados se necesitaría una iniciativa presupuestal, porque implicaría la creación de cargos, pero sería una opción para adoptar una organización más ajustada al tipo de investigaciones que llevamos", concluyó Díaz.

La Suprema Corte de Justicia prevé que los dos juzgados Especializados en Crimen Organizado podrán instalarse en dos o tres meses en la casona adquirida para su funcionamiento en la zona del Prado, expresó a El País el presidente de la Corporación, Jorge Chediak. Desde que están operativas, las sedes trabajan en forma provisoria en un edificio del Poder Judicial en la calle Buenos Aires esquina Brecha, donde antiguamente se encontraban los juzgados de Trabajo.

La casona, ubicada en el corazón del Prado, en 19 de Abril y Adolfo Berro, fue adquirida el año pasado por casi US$ 400 mil por la Junta Nacional de Drogas. El organismo cedió la propiedad en comodato al Poder Judicial, para que allí se instalen los juzgados Especializados en Crimen Organizado, las Fiscalías y la Defensoría de Oficio.

Actualmente, la propiedad está siendo refaccionada para que cumpla con todos los requisitos operativos, explicó Chediak.