JAVIER GARCÍA
Si el presidente del BPS llamara a una empresa y le pidiera, aún con la mejor de las intenciones, dinero para financiar una fiesta con funcionarios del organismo, el empresario seguramente lo haría. Suponemos que ese empresario se sentiría presionado a "ayudar" al organismo que lo debe controlar en sus aportes.
Si el Director de la Impositiva llamara a otro empresario y le solicitara colaboración para pagar una reunión de fin de año, la respuesta sería inmediata. Mejor ser amigo, quizás razonara el comerciante.
Igual sucedería si un concesionario público recibiera similar sugerencia de "donación" de representantes del gobierno del cual dependerá en sus contratos por cinco años, o a una que debe al Banco República se le pide dinero para la asunción del presidente, instantáneamente contestaría que sí, ¿qué duda cabe?
El matutino "La Diaria" informa algo de lo cual había noticias parciales. Allegados a Mujica, dice, contactaron a 10 empresas de plaza, muy conocidas en el medio, y las invitaron a "donar" 15 mil dólares para financiar la fiesta de asunción. Le "pasaron el gorro" sabiendo que no le iban a decir que no y le explicaron que debían llenar un formulario "para colaborar con los costos de la fiesta de transmisión de mando", según relató el director de unas de las empresas involucradas. Todo esto, dicen, para que fuera muy "cristalino". Cosa que no lo es.
Todo fue hecho con buena intención, las llamadas y las respuestas, pero es enormemente irregular y peligroso. Y peor es cuando se hace invocando al Presidente de la República, que es al mismo tiempo el jefe del BPS, de la DGI, del BROU y el que firma los decretos de concesión junto a sus ministros.
Esto es funcionamiento de patota, ejercido desde el poder.
Ni al más neoliberal privatizador de los 90 se le habría ocurrido privatizar una asunción presidencial, a telefonazo limpio. El supuesto ahorro no puede ser a costa de la dignidad de la institución presidencial, lesionada cuando se hace una colecta para financiar la ceremonia del 1º de marzo. Ni tampoco se debe transitar por estos caminos de "llamadas" a empresarios desde el entorno presidencial para obtener dinero.
Es peligroso, además, generar una categoría de privados que por haber recibido llamadas de ese entorno y colaborado "voluntariamente" se las coloca en un círculo que está por fuera de las relaciones contractuales y transparentes que deben ser la norma entre el Estado y las empresas.
El decir que sí a estas solicitudes tiene un precio, en este caso 15 mil dólares, pero también decir que no, si alguien lo dijera, tiene precio. Los estilos informales son legítimos cuando sólo involucran a quien lo ejerce, pero en representación del gobierno lo único que cabe es cuidar las formas que son garantía de transparencia.
Estas "colectas" compulsivas se contradicen con oportuno mensaje a los inversores en el Hotel Conrad. Mujica debe frenar esto, su asunción es un evento del Estado, no una fiesta privada. O las reglas son claras y transparentes, o la política es el telefonazo desde las alturas, hoy para una fiesta y mañana para una licitación.
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